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Segundo ciclo del Examen Periódico Universal de Naciones Unidas : compilado de contribuciones presentadas por organizaciones de la sociedad civil de Uruguay, Setiembre de 2013
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Segundo ciclo del Examen Alejandra Umpiérrez(compiladora) | Periódico Universal de Naciones Unidas Constitucional impulsada por un grupo de or­ganizaciones y movimientos sociales nucleados en la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida. En esa histórica fecha el derecho humano al agua quedó consagrado en la Constitución, así como el carácter público de los servicios de agua potable y saneamiento, el imperativo de la ges­tión sustentable de las cuencas y la participación ciudadana en todos los procesos de gestión. 13 Sin embargo, habiendo transcurrido casi nueve años de aquella histórica conquista, somos tes­tigos de que el vertiginoso avance de los agro­negocios en el país, especialmente de la soja y la forestación, que ocupan más de dos millones de hectáreas del territorio nacional, amenaza la cantidad y calidad de nuestras aguas. La actual expansión agrícola se ha caracterizado por la aplicación de forma homogénea de paque­tes tecnológicos que simplifican el manejo en de ­trimento de la sustentabilidad de los territorios. Las plantaciones de árboles consumen gran can­tidad de agua, lo que afecta negativamente otras producciones próximas a los monocultivos. Pe­queños productores familiares de varios depar­tamentos, que producen leche, por ejemplo, así lo han denunciado. La producción familiar va quedando rodeada por los monocultivos de ár­boles. En cuanto al uso de agrotóxicos, la generaliza­ción de la siembra directa(que sustituye el labo­reo convencional por aplicaciones de herbicidas) y la simplificación de los sistemas que supone la agricultura continua han forzado al uso cada vez más intensivo de distintos tipos de biocidas, con los consecuentes impactos en la calidad del agua. 14 Las nuevas tecnologías, como los trans­génicos, que acompañan el nuevo impulso de 13. Constitución de la República ‹http://www.presiden­cia.gub.uy/normativa/constitucion-de-la-republica›. 14. Serpaj, Derechos humanos en el Uruguay, 2012, p. 220. la agricultura, no han traído aparejada una re­ducción de estos insumos, como lo han publi­citado las empresas biotecnológicas. De hecho, la importación de estos productos ha tenido un índice de crecimiento mayor que el de la super­ficie con agricultura, lo que indica que se está aplicando un volumen cada vez mayor por área de cultivo. Los agrotóxicos cuya importación ha aumenta­do en mayor medida son los asociados al cultivo de soja. Las principales herramientas tecnológi­cas asociadas a este cultivo son la utilización de semillas transgénicas tolerantes a glifosato, el uso de este herbicida y la siembra directa. Las importaciones de glifosato pasaron de poco más de 1,5 millones de litros de sustancia activa en el año 2000 a 12,3 millones en el año 2010. De los insecticidas utilizados para el control de plagas en soja, el Endosulfán y el Clorpirifos son los más relevantes. Las importaciones de Endosulfán pa­saron de 5300 litros en el 2000 a 270 000 litros en el 2008, para bajar a 103 000 litros en el 2010 debido a restricciones impuestas por el gobier­no. El Clorpirifos pasó de 32 mil kilos de sustancia activa importada a 731 mil kilos en el mismo período. En esos diez años las importaciones de Cipermetrina se multiplicaron por 10, las de insec­ticidas reguladores del crecimiento se multipli­caron casi por 100 y las de Thiametoxán y lambda Cialotrina casi por 70. 15 Algunas de las cuencas más importantes del país están contaminadas por fertilizantes y agrotóxi­cos, entre ellas la del río Santa Lucía, que abaste­ce de agua potable a alrededor del 60 por ciento de la población nacional. En una investigación realizada en la cuenca del Parque Nacional Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay, se encontraron niveles altos de endosulfán, glifosato y derivados de la descom­posición del glifosato( ampa ) en suelos, abejas y peces. En particular, se encontraron niveles muy altos de estos productos en mortandades 15. Serpaj, Derechos humanos en el Uruguay, 2012, pp. 275, 276. 22