Entre los años 2014 y 2016, en medio del conflic ­to entre Argentina y los fondos buitre, surgió otra iniciativa de la sociedad civil. La denomina­da Asamblea por la Suspensión del Pago y la Investigación de la Deuda y por la Defensa del Patrimonio Nacional y los Bienes Comunes de Argentina abogó por una auditoría integral y participativa 9 . Hubo varias organizaciones que participaron del proceso, pero su posición y sus reivindicaciones no se tuvieron en cuenta a la hora de formular la estrategia oficial sobre la deuda. De hecho, esta iniciativa se intensificó durante la siguiente crisis de deuda. En enero de 2020, varias organizaciones sociales organizaron una“Autoconvocatoria” por la Suspensión del Pago y la Investigación de la Deuda, la cual puso en marcha un“Juicio Popular de la Deuda y el FMI”. En diciembre del mismo año, tras me­ses de sesiones con distintas presentaciones so­bre los impactos de la deuda, presentó sus con­clusiones el Tribunal Popular, compuesto por el mencionado Pérez Esquivel, la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, la abogada feminista Nina Brugo Marcó, el periodista Alejandro Ber­covich y el exjuez federal Miguel Rodríguez Vil­lafañe 10 . Teniendo en cuenta el origen ilegal de la deuda soberana, que no había sido resuelto por los numerosos canjes realizados a lo largo de los años, alegó que la deuda era nula y anun­ció la necesidad de una suspensión inmediata de los pagos mientras se llevaba a cabo una au­ditoría participativa y más exhaustiva. También exigió el acceso abierto a la información oficial sobre las operaciones de la deuda, que contem­plara una lista completa de acreedores, así como un poder de veto sobre las empresas jurídicas y contables que habían participado en esas opera­ciones. En 2022, varias organizaciones de la economía popular crearon el“Comité de Acreedores de la Deuda Interna” para reclamar sobre las deudas sociales en virtud de las experiencias menciona­das, y también que se realice una revisión tri­mestral de la situación social. Proponían esta­blecer un impuesto sobre el capital que se había fugado, financiado por la deuda soberana. Para hacerlo posible, exigían anular el secreto bancario 11 . Como demuestran todas estas experiencias, las organizaciones sociales y los sindicatos argenti­nos tienen un fuerte interés de participar en los debates sobre la sostenibilidad y la gestión de la deuda. En diferentes ocasiones, han organizado y presentado pruebas sobre los efectos de la deuda, y han exigido participar en las decisiones en este ámbito. Muchas de sus conclusiones también fueron verificadas o confirmadas por las comisiones especiales del Congreso y las in­vestigaciones oficiales. Aun así, se perdió hasta hoy la oportunidad de lograr la participación so­cial en las cuestiones relacionadas con la deuda, y también la posibilidad de aportar nuevas ideas sobre cómo hacer frente a la crisis de manera participativa, sostenible y con base en los dere­chos. Este tipo de mecanismo podría mejorarse si se llevaran a cabo evaluaciones adecuadas del impacto social de las reformas económicas. Aprendizajes La falta de un consenso político nacional sólido en torno a las políticas de deuda explica en gran medida los cambios radicales en los enfoques de su política en el pasaje de un Gobierno a otro. La aprobación de leyes no ha logrado garantizar políticas de deuda justas, ni eficaces y ni basa­das en los derechos, ni tampoco estrategias de reestructuración efectivas ni duraderas. Esto no solo se debe a que las leyes cambien con el tiempo(como ha sido el caso incluso bajo el mismo Gobierno). La práctica gubernamental a menudo ignora descaradamente las disposicio­nes constitucionales más básicas sin ninguna 9 https://asambleadeudaybienescomunes.wordpress.com/ 10 https://autoconvocatoriadeuda.blogspot.com/2020/12/fallo-del-tribunal-del-juicio-popular.html 11 https://www.pagina12.com.ar/414950-se-conformo-el-comite-de-acreedores-de-la-deuda-interna Iniciativas desde Argentina. Los aprendizajes 18