proceso fue desarrollado, entre julio de 2007 y julio de 2008, por una comisión que incluía re ­presentantes del Gobierno y, principalmente, de la sociedad civil, así como de figuras indepen­dientes con amplia experiencia tanto ecuatoria­nas como del exterior. La creación de esta comi­sión(Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público, o“CAIC”) fue una promesa de campaña clave y una parte importante del programa de Gobierno 4 propuesto por el expresidente Rafael Correa, quien gobernó Ecuador entre 2007 y 2017. Esta auditoría investigó préstamos priva ­dos, multilaterales, bilaterales y nacionales que contrajo el Gobierno ecuatoriano desde la déca­da de 1970. El informe público final y su versión extendida, entregados a las autoridades del país en noviembre de 2008, reveló una serie de per ­juicios e irregularidades en todos los tramos de deuda analizados. A causa del informe, Correa decidió no cumplir con los pagos de dos emisio­nes de bonos ecuatorianos(Bonos Globales con vencimiento en 2021 y 2030) y los pagos pen ­dientes se programaron para fines de 2008. Aprovechando esta amenaza, y en el contexto de la crisis financiera mundial de 2007–2008 y la mayor flexibilidad derivada de las reformas de los ingresos petroleros 5 , el Gobierno de Correa volvió a comprar los bonos con éxito mediante una subasta inversa con un piso de 30 centavos por dólar estadounidense. La readquisición tuvo una tasa de participación de 91% a un precio de recompra de 35 centavos por dólar estadouni ­dense(Gulati y Buchheit, 2009; Feibelman, 2017). A través de este mecanismo, el país evitó pagar 7 500 millones de dólares estadouniden ­ses de servicio de deuda cuyo vencimiento ha­bría operado en el año 2030. Aunque la compra fue bien recibida por el mercado, Ecuador quedó excluido de los mercados financieros internacio­nales privados hasta 2014 y el Gobierno privile ­gió los préstamos de los bancos regionales de Informe final de la CAIC desarrollo y los acreedores bilaterales, entre ellos, China y Rusia(Lienau, 2014). La CAIC fue creada mediante el decreto ejecuti­vo nro. 472 del 9 de julio de 2007 antes del co ­mienzo de la Asamblea Constituyente que se re­uniría entre el 30 de noviembre de 2007 y el 25 de octubre de 2008. Aunque la creación de esta comisión no precisaba un nuevo marco constitu­cional, su misión se vio fortalecida por la apro­bación, por parte de la Asamblea Constituyente, de la Ley Orgánica para la Recuperación del Uso de los Recursos Petroleros del Estado y Raciona­lización Administrativa de los Procesos de En­deudamiento, sancionada el 3 de abril de 2008 6 . dos por la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2015. El proyecto se remitió a la comisión económica, que nunca lo trató hasta el mo­mento.ferred to the economic commission, where it has not been addressed. 4 La crítica a la deuda externa, sus condiciones y límites al desarrollo constituyó una parte fundamental del plan de Gobierno de la Alianza PAIS de cara a las elecciones de 2006. La propuesta de una auditoría integral puede encontrarse en la página 22 del plan:“Auditoría integral de la deuda externa y de los recursos del Estado. Se investigará el destino de la deuda externa y ésta será pagada en la medida en que no afecte las prioridades del desarrollo nacional. Este planteamiento justifica la necesidad de consolidar la Comisión Nacional de Auditoría a la Deuda Exter­na, a la que el Gobierno de Alianza País le dotará de un marco jurídico sólido, de independencia de los poderes políticos y económicos, así como del respaldo material y el reconocimiento político que sea necesario”. 5 En 2007, Correa emitió un decreto ejecutivo en virtud del cual del 99% de las ganancias extraordinarias generadas por los altos precios del crudo, 99% iría al Estado y 1%, a las compañías petroleras privadas. Aquellas compañías contaban con contratos de participación que esta ­blecían porcentajes mayores para el caso de que se incrementaran los precios en los mercados internacionales. 23