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Terminar con la trampa de la deuda : opciones posibles desde las legislaciones nacionales
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impuestos, un rendimiento significativamente in­ferior al de sus pares en la región de África sub­sahariana. La relación impuestos–PIB en Ghana es una de las más bajas de África Occidental a pesar de tener la segunda mayor economía de la subregión. Por lo tanto, la modesta expansión en infraestructura, educación y salud que el país ha logrado solo ha sido posible gracias al endeu­damiento. El país siempre ha recurrido a finan­ciamiento externo para cubrir la creciente brecha entre ingresos y gastos. Los gastos nacionales altos y los bajos ingresos también reflejan deficiencias en la gestión de las finanzas públicas. La corrupción desempeña un papel clave. Aumenta artificialmente los gastos nacionales y reduce los ingresos. El Gobierno continúa realizando adquisiciones a costos mu­cho más altos que el sector privado. El sistema tributario está plagado de lagunas y exenciones. La concesión no transparente de exenciones fis­cales reduce la recaudación. El FMI estima que las exenciones de IVA y aduaneras equivalen al 4% del PIB. Como resultado de este panorama, se observa un déficit presupuestario perpetuo y el recurso constante al endeudamiento para fi­nanciar gastos inflados. Iniciativas legislativas sobre la deuda nacional La Constitución Nacional y la gestión de la deuda Sin embargo, la Constitución no establece límite alguno a la capacidad del Gobierno para con­traer préstamos. Si bien se requiere la aproba­ción parlamentaria para los préstamos externos, es raro que el Parlamento niegue dichas aproba­ciones. El proceso de aprobación no toma en cuenta el crecimiento de la deuda pública. La atención ha tendido a centrarse en los beneficios económicos y sociales del proyecto que el prés­tamo pretende financiar. En segundo plano, no obstante, se encuentran también las ganancias políticas para el partido gobernante. En los últi­mos años, los Ministerios, los Departamentos y las Agencias(MDA) tuvieron margen fiscal para realizar grandes gastos extrapresupuestarios que comprometen al Gobierno sin la supervisión ni del Gobierno central ni del Parlamento. Esto ha dificultado estimar correctamente el tamaño de la deuda pública. Durante la vigencia de la Constitución, la rela­ción entre deuda y PIB aumentó hasta 182% en el año 2000 antes de caer a 32% en 2006 tras la Iniciativa para el Alivio de la Deuda Multilateral (IADM) mencionada anteriormente. Por lo tanto, la Constitución por sola contiene muy pocas salvaguardias para limitar el endeudamiento y la acumulación de deudas nacionales. En 2016, el Gobierno adoptó la Ley de Gestión de Finanzas Públicas de 2016(Ley 921). La Ley pretende, entre otras cosas, asegurar quelos fondos públicos sean sostenibles y coherentes con el nivel de deuda pública. La Ley 921 creó la Oficina de Gestión de la Deuda Pública y esta­blece reglas para el endeudamiento y la gestión de la deuda gubernamental, las finalidades del endeudamiento, y la estrategia y los objetivos de gestión de la deuda. También regula la emisión de instrumentos de deuda pública en el mercado interno y en el extranjero y el endeudamiento con bancos y otras instituciones financieras. Sin embargo, la Ley de Gestión de Finanzas Pú­blicas no establece un límite cuantitativo al en­deudamiento gubernamental ni a la acumula­ción de deuda. El objetivo de gestión de la deuda se centra principalmente en satisfacer las necesidades de financiamiento del Gobier­no… de manera oportuna(ver el artículo 58). Esto contrasta fuertemente con la Ley de Ges­tión de Finanzas Públicas del Reino de Tonga, que establece un límite cuantitativo sobre el en­deudamiento gubernamental en cualquier ejerci­cio financiero. En el año en que Ghana adoptó su ley de gestión de finanzas públicas, la rela­ción entre deuda y PIB aumentó en casi tres puntos porcentuales. En 2018, el país adoptó la Ley de Responsabili ­dad Fiscal de 2018(FRA, por sus siglas en inglés) (Ley 982), una nueva norma destinada a conte ­ner los déficits presupuestarios, el endeudamien­to y la acumulación de deudas. La ley tiene 57