esta Ley de Gestión de Deuda Pública. No existen disposiciones que exijan divulgaci­ón al nivel de la operación. → Acción: Incluir disposiciones para divul­gar información sobre la deuda pública a nivel de la operación, incluidos los términos y las condiciones generales de todos los préstamos contraídos. → Acción: El uso de los fondos requiere un escrutinio reforzado y de la aprobación de toda deuda que implique la existen­cia de garantías o similares, caracterís­ticas nuevas o inusuales. CONTRAS: La PDMA no contempla un co­mité de supervisión, como el Comité de Gestión de Deuda. → Acción: Incluir una disposición para cre­ar un Comité de Gestión de Deuda (DMC, por sus siglas en inglés). Definir­lo en la sección de Interpretación y aña­dir una sección que lo reconozca explíci­tamente, lo cree y le conceda facultades. Disposiciones generales 50. Derogación de los capítulos 366 y 350 CONTRAS: El artículo 50(2).3 del segundo anexo establece que las disposiciones so­bre los techos de deuda(65% y 20% del PIB) solo se aplicarán después de cinco años. Esto vuelve estas disposiciones me­ramente académicas. Las disposiciones legales adicionales que respal­dan esta Ley incluyen la Ley de Planificación y Presupuesto Nacional nro. 1 de 2020, la Ley del CDF de 2022 y la Política Nacional de Descen ­tralización de 2023. Recomendaciones Orientadas a políticas → Elaboración de estrategias de salida de la deuda que muestren intervenciones a corto, mediano y largo plazo. → Promoción de estrategias nacionales y regionales de generación de ingresos: diversificación económica, inversión in­terna, manufactura e industrialización. → Apoyo a iniciativas de comercio justo y equitativo tanto a nivel regional como internacional. Orientadas al ámbito legal → Fortalecer el rol de supervisión parla­mentaria a lo largo de todo el proceso de obtención de préstamos. → Fortalecer las leyes existentes para me­jorar la participación ciudadana: el ac­ceso oportuno a la información, el mo­nitoreo y seguimiento de la contrataci­ón y el pago de la deuda. → Apoyar la promoción y la protección de las libertades democráticas y los dere­chos humanos de libre expresión y reunión. → Endurecer y aplicar plenamente las leyes sobre corrupción y abuso de autoridad. → Garantizar la implementación efectiva de la Ley de Acceso a la Información. Orientadas al ámbito institucional → Fortalecer la supervisión parlamentaria en los procesos de toma y pago de préstamos, especialmente durante la etapa de negociación. 71