El nuevo Proyecto de Ley de Electricidad de Sri Lanka agravará este proceso porque propone di­solver la empresa Ceylon Electricity Board, lo cual allana el camino para la privatización del servicio eléctrico y el consiguiente aumento de los costos para los consumidores. A su vez, se insinuaron propuestas de reformas similares para Ceylon Petroleum Corporation. Por su parte, desde el Ministerio de trabajo se anunciaron una serie de reformas sin preceden­tes orientadas a unificar y reformar todas las le­yes laborales aplicables en el país en mayo de 2023. Los borradores de las propuestas indica ­ban que dicha reforma comprendía el abandono de la protección estatal de los trabajadores en cuestiones básicas como la jornada laboral y el establecimiento de mayores umbrales de afilia­ción para formar sindicatos. La premisa básica del poder de negociación débil de la clase traba­jadora y de su necesidad de protección legal se vio socavada en varias oportunidades. Por otra parte, por parte del Gobierno resurgió el interés histórico por aumentar el grado de con­trol, supervisión y en cierto modo, también inter­ferencia en las organizaciones no gubernamen­tales que se manifestó, por ejemplo, en las modificaciones a la Ley de Organizaciones de Servicio Social Voluntario de 1980. A su vez, no se adoptaron las directrices publicadas por la or­ganización internacional Fuerza de Acción Fi­nanciera(FATF, por sus siglas en inglés) en cuanto a medidas legales basadas en el riesgo para el sector sin fines de lucro; en tanto que el borrador del proyecto de ley favorecía las nor­mas de amplio alcance que exigían el registro obligatorio de todas las entidades de servicios sociales, y otorgaba amplias facultades de inter­ferencia al Gobierno. Del mismo modo, se pro­puso un proyecto de ley para crear una Comisión Reguladora de Radiodifusión con amplias facul­tades sobre los medios de comunicación. Las se­ñales de alarma que surgieron en relación con la gran cantidad de leyes promulgadas y contem­pladas son:(1) el peligro de un Poder Ejecutivo definido en sentido amplio, que aumenta las probabilidades de malversación y de prácticas rentistas en un país atravesado por situaciones de soborno y corrupción en todos los niveles,(2) la sanción de leyes penales más amplias, orien­tadas a ejercer mayor control sobre la ciudada­nía y criminalizar la pobreza; y(3) la ampliación de facultades de corte autoritario en un contexto en que reinaban situaciones de disidencia y re­troalimentación ciudadana que eran cruciales para una toma de decisiones centrada en la ciu­dadanía o receptiva de sus necesidades. En to­das las leyes propuestas anteriormente, la preo­cupación de la opinión pública hacía referencia a la falta de consulta y de transparencia en el pro­ceso de elaboración de leyes. La preocupación principal, especialmente en medio de una crisis económica, debe ser fomen­tar la confianza de la ciudadanía. Para ello, debe valorarse la importancia de la consulta popular y la transparencia en la elaboración de las leyes, independientemente de sus méritos. El plazo acotado del que dispone Sri Lanka para la ela­boración de sus leyes socava los aspectos de un debido proceso democrático, entre ellos, la eva­luación de los impactos a largo plazo, por ejem­plo sobre el medio ambiente y el cambio climá­tico, así como sobre las poblaciones vulnerables. Experiencias y prácticas exitosas La crisis de deuda que atraviesa Sri Lanka y las severas medidas de austeridad impuestas, tie­nen gran impacto en la vida de los trabajadores, quienes a su vez están excluidos tanto del pro­ceso de elaboración de políticas como de las de­liberaciones en los tribunales en relación con las consecuencias nocivas de la crisis de deuda. En este contexto, cobran importancia las batallas que se dan fuera de los tribunales, como las pro­testas, las movilizaciones y los debates iniciados por sindicatos y cooperativas, que se dan al inte­rior y al exterior de estas organizaciones labora­les. Dado el carácter técnico de la gobernanza financiera, también en el caso de los préstamos soberanos y los procesos de reestructuración de deuda, también es de relevancia observar la re­101