lación entre las leyes, los procedimientos judicia­les y el debate público. En este contexto, algunas instancias más recien­tes, como los desafíos de los trabajadores de las zonas de libre comercio, que exigieron saber a dónde habían ido sus ingresos provenientes del exterior, que habían desaparecido; las luchas de los sindicatos contra la reestructuración de la deuda interna, que reducía considerablemente sus fondos de retiro; así como la convocatoria de un tribunal de trabajadores de plantaciones, son todos ejemplos que resaltan la importancia de una comprensión social más amplia de la justi­cia en relación con la deuda y su reestructura­ción. En meses más recientes, el trabajo conjun­to de personas provenientes de los campos académicos, del derecho, la investigación, el ac­tivismo, así como representantes de distintos movimientos populares, en su encuentro para formar“Yukthi”, un movimiento nuevo que de­fiende una deuda interna justa, ha facilitado un debate más amplio sobre la crisis de deuda y las vías alternativas para la justicia y su resolución. El desafío, desde ya, es trasladar estos debates y discusiones al ámbito judicial, entre ellos la im­portancia de que las normas sean sancionadas por un Gobierno electo legítimamente. Sri Lanka ha tenido cierto grado de éxito con los cambios legales que se basan en su propia his­toria y en las lecciones aprendidas tras las viola­ciones masivas de los derechos humanos duran­te períodos de conflictos armados dentro del país, así como en el reconocimiento de la necesi­dad de transparencia que surgió en medio de es­tos conflictos. La ciudadanía se ha involucrado cada vez más con la Comisión Nacional de De­rechos Humanos—en especial debido a que sus miembros han demostrado ser independientes— y con el reconocimiento constitucional y legisla­tivo del derecho a la información. Estas institu­ciones y herramientas legales han empoderado a la ciudadanía para plantear sus preocupacio­nes y exigir responsabilidades a los funcionarios que cometen irregularidades. Los principios y la independencia de estos mecanismos también han de valorarse en las reformas legales pro­puestas para abordar la crisis de la deuda. Además, los integrantes de la oposición han pre­sentado al Parlamento proyectos de ley iniciados por el poder legislativo, orientados a garantizar mayor transparencia en lo cotidiano en la toma de decisiones del Gobierno. En febrero de 2023, se propuso un proyecto de ley que exigía la di­vulgación rutinaria de información sobre las in­versiones realizadas por el Fondo de Previsión de Empleados(EPF)(el mayor fondo de retiro del país, creado con los aportes obligatorios de todos los trabajadores del sector privado). Actual­mente, esta información no está disponible siquie­ra para los trabajadores que hacen las contribu­ciones. El Gobierno no prestó su apoyo y no se avanzó en esta propuesta de reforma legislativa. Cosecuencias no deseadas La aprobación intempestiva de una cantidad tan grande de leyes nuevas contribuye al aumento de la incertidumbre y de los reparos sobre cómo se utilizarán las nuevas facultades ejecutivas que introducen estas leyes. En un país enfrenta­do de continuo con casos de corrupción, cliente­lismo político y erosión de los derechos y las protecciones de los más vulnerables, es de espe­rar que la población sienta incertidumbre y rece­lo. Hay preocupación creciente frente a la sospe­cha y desconfianza que inspiran los funcionarios públicos, y el modo en que todo esto va erosio­nando la confianza de la ciudadanía en las insti­tuciones legítimas. Las nuevas leyes, aún si fueran de corte progre­sista, pueden sufrir un revés tras las elecciones por el hecho de haber sido propuestas por un Gobierno ilegítimo y aprobadas por un Parla­mento que genera desconfianza en la gente. Es posible que se intente rechazarlas y debilitarlas por el hecho de haberse creado en un contexto no democrático. Las nuevas leyes también están en proceso de crear varias instituciones nuevas sin las garan­Documento de referencia sobre Sri Lanka 102