tías de la consulta pública y la transparencia que es de rutina, lo cual profundiza aún más la desconfianza pública y la frustración de tener que solicitar información a múltiples organismos ejecutivos nuevos, así como responsabilizarlos de ciertas decisiones. En un contexto en que los pedidos de información, como podrían ser los re­ferentes a cuestiones económicas nacionales, son rechazados y eludidos a fuerza de ser des­viados a otros organismos, es fundamental que esta acumulación burocrática no cree nuevos di­lemas a la ciudadanía al momento de relacio­narse con el Gobierno. En una jugada que causa gran preocupación, la Ley de Transformación Económica consagró ob­jetivos de política económica del acuerdo con el FMI(FMI, 2023) y los convirtió en ley. Los objeti ­vos de dicha política no reflejaban en sí el man­dato otorgado por el pueblo de Sri Lanka a sus representantes electos. Al fijar estos objetivos mediante leyes, el Gobierno deja vinculados de hecho a otros Gobiernos futuros, y por si fuera poco, justo antes de una elección presidencial. Las políticas económicas que impulsan la inver­sión están recogidas en una ley que otorga am­plios poderes al ministro de finanzas, cargo que ocupa el presidente y, a su vez, las nuevas insti­tuciones ejecutivas crean oportunidades para el abuso de poder, la corrupción y las prácticas ren­tistas. Cuando alcanza con que las decisiones de políticas para la transformación económica sean adoptadas y aplicadas por el Gobierno al man­do, no hay razón para consagrar en la ley los ob­jetivos de las políticas. Preocupa mucho el he­cho de no saber a ciencia cierta si estas reformas legislativas están destinadas a respon­der a las demandas de organismos como el FMI y, por extensión, a los tenedores de bonos inter­nacionales. Tanto la independencia del poder judicial como el respeto de las normas internacionales podrían verse afectados si los actores y procesos interna­cionales se consideraran cómplices del cambio producido por un régimen autoritario. Habrá me­nos margen para la cooperación internacional. Más aún, el despotismo con que el FMI y el Ban­co Mundial imponen sus medidas de austeridad y de privatización podría provocar una reacción xenófoba contra el mundo occidental. No sería de extrañar que se produjeran movilizaciones nacionalistas extremas tras un período de com­promiso internacional inescrupuloso; de hecho, es una posibilidad concreta, como ocurrió con el proceso de paz entre 2002 y 2004 durante el cual el expresidente Wickremesinghe era primer ministro. La reacción contra los mediadores de paz noruegos a mediados de la década de 2000 acabó por polarizar las comunidades y provocó el auge de un régimen populista aún más autori­tario que los anteriores. Recomendaciones Un Parlamento que no tiene legitimidad no debe aprobar leyes nuevas en tanto no renueve su mandato por elecciones. Las leyes aprobadas de forma apresurada crean problemas a futuro, como ya sucedió en experiencias anteriores de leyes aprobadas por legisladores sin legitimidad electoral, ya que también indirectamente soca­van la legitimidad del poder judicial. Es probable que se observe la derogación de leyes en los próximos años y que se produzca una serie de modificaciones sobre otras tantas ya aprobadas. Pasados los comicios y con un mandato renova­do, el Parlamento debe establecer un proceso para la sanción de leyes que consagre principios de transparencia, consulta pública y rendición de cuentas ante la ciudadanía. Debe aprobarse una ley que garantice la supervisión del Parlamento de todos los préstamos externos a futuro, así como los acuerdos con el FMI y los procesos de reestructuración de deuda, a fin de asegurar la transparencia. Dicha supervisión podría ser en forma de aprobación parlamentaria de los prés­tamos extranjeros y los acuerdos con actores in­ternacionales, también de revisiones periódicas a su avance y de facultades para iniciar renego­ciaciones de los términos de los acuerdos. Esto crea oportunidades de escrutinio ciudadano para las decisiones tomadas en función del interés público. También será necesario establecer los 103