de los parlamentarios, y redunda en acciones poco eficientes. La Constitución de 2022 no aborda directamente la deuda pública. Sin embargo, estipula que los acuerdos de préstamos internacionales se consi­deran, en términos jurídicos, convenciones inter­nacionales. De acuerdo con la Constitución, es­tos acuerdos deben ser firmados por el presidente de la República y luego ratificados por el Parla­mento, que los adopta como leyes ordinarias. Este proceso subraya el papel crucial del presi­dente y del Parlamento en la gestión de la deuda, pero también pone de relieve un vacío importan­te en el marco constitucional respecto a disposi­ciones o directrices específicas para la gestión de la deuda pública. Además, el hecho de que los acuerdos de préstamos internacionales se clasifiquen como leyes ordinarias sugiere que no tienen precedencia sobre otras leyes nacionales. La situación política y las iniciativas legislativas en Túnez La acción de las organizaciones de la sociedad civil(OSC) antes de 2011 era muy limitada debi ­do al carácter autoritario del régimen. Durante la revolución, la sociedad civil tunecina destacó rápidamente el problema de la deuda del país. Las OSC pidieron la cancelación de lo que consi­deraban una“deuda odiosa” contraída por el an­terior régimen autoritario. El papel de la oposición parlamenta­ria y la justicia transicional Túnez eligió su primer Parlamento“democrático” a finales de 2014. Desde entonces, el papel de la oposición parlamentaria tunecina en la legisla­ción relacionada con la deuda ha sido significati­vo aunque desafiante. Los partidos de la oposi­ción, incluidos grupos progresistas y de izquierda, han criticado constantemente la ges­tión de la deuda en el país y han sostenido que los préstamos han venido acompañados de es­trictas medidas de austeridad que perjudican el tejido socioeconómico del país. Cabe mencionar que, después del golpe constitucional de julio de 2021, el papel del Parlamento se volvió muy limi ­tado. La oposición también ha presentado diversas iniciativas destinadas a frenar los impactos ne­gativos de la deuda. Un esfuerzo digno de men­ción fue la propuesta para crear una comisión parlamentaria que supervisara todos los acuer­dos de préstamos externos con el fin de garanti­zar una mayor transparencia y rendición de cuentas. Esta iniciativa buscaba involucrar a más partes interesadas en el proceso de toma de decisiones y evitar que el poder ejecutivo deci­diera unilateralmente sobre asuntos con implica­ciones económicas a largo plazo. Sin embargo, estas propuestas se encontraron a menudo con la resistencia de los partidos gobernantes y no siempre lograron modificar el rumbo de la políti­ca gubernamental. En 2016, el bloque parlamentario de izquierda “Front Populaire” propuso una ley(la nro. 36/2016) 2 para auditar la deuda pública. La ley tenía como objetivo establecer procedimientos para auditar la deuda pública interna y externa de Túnez. Definía términos como“deuda odiosa” y“deuda ilegítima” y buscaba identificar cual­quier parte de la deuda que pudiera considerarse “ilegítima”. La ley pretendía crear una“Comisión de la Verdad sobre la Deuda Pública Tunecina”, compuesta por miembros del Parlamento, el po­der judicial, organismos anticorrupción y la so­ciedad civil, a fin de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de las fi­nanzas públicas. Esta comisión tendría la autori­dad para auditar todos los acuerdos de présta­mos celebrados desde julio de 1986 3 y presentar sus conclusiones al Gobierno y a la ciudadanía. 2  https://legislation-securite.tn/ar/latest-laws/ 3  Adopción del Programa de Ajuste Estructural del FMI. Documento de referencia sobre Túnez 108