de 2021, el Fondo pidió explícitamente la partici ­pación de actores sociales en las discusiones re­lacionadas con el nuevo acuerdo, en un recono­cimiento abierto a la importante influencia del sindicato y la necesidad de su cooperación para definir las opciones de condicionalidad. El camino hacia la justicia de la deuda en Túnez, sin embargo, está lleno de desafíos. A pesar del éxito de los movimientos sociales, los intereses políticos y económicos arraigados siguen domi­nando el proceso de toma de decisiones. El Go­bierno, a menudo limitado por la necesidad de asegurar préstamos internacionales y mantener la estabilidad económica, se encuentra en un frágil equilibrio entre implementar las reformas necesarias y atender las demandas de la socie­dad civil. Además, la complejidad técnica de las cuestiones de la deuda puede alienar al público general, lo cual dificulta su incidencia y partici­pación sostenida. Consecuencias no deseadas Estos primeros esfuerzos de la sociedad civil tu­necina para abordar la crisis de la deuda del país han puesto de manifiesto varios desafíos. En primer lugar, estos grupos carecían de la ex­periencia necesaria para participar eficazmente en debates altamente técnicos y complejos so­bre la deuda pública. Los economistas conven­cionales y los expertos del Gobierno han domi­nado el debate en los medios de comunicación tradicionales bajo el argumento de que la cance­lación de la deuda era poco realista y dañaría la reputación de Túnez. Con el tiempo, esto ha per­mitido que las OSC se conviertan en entidades defensoras más informadas y capacitadas en materia de transparencia y participación ciuda­dana en asuntos económicos. Como alternativa a los préstamos del FMI, el presidente tunecino está involucrando cada vez más al país en acuerdos de seguridad con la Unión Europea. Estos acuerdos, especialmente con Italia, buscan proteger las fronteras euro­peas e impedir que migrantes tunecinos y subsa­harianos viajen ilegalmente a Europa. A cambio, Túnez recibe préstamos financieros y otras formas de asistencia. Sin embargo, estas medidas conlle­van costos humanos y humanitarios significativos, ya que las personas migrantes enfrentan condi­ciones peligrosas y sufren violaciones de dere­chos humanos tanto durante su travesía como al momento de su intercepción o repatriación. Recomendaciones La lucha continua por la justicia de la deuda en Túnez subraya el problema global más amplio de la sostenibilidad de la deuda y la soberanía económica. Para superar estos desafíos, es nece­saria la acción de los responsables de las políti­cas con la participación de la sociedad civil. 1. A nivel político, ninguna reforma necesaria es posible si el país no dispone de una situación de democracia y de instituciones democráti­cas e independientes sólidas 2. Deberán implementarse medidas de transpar­encia para garantizar que todas las opera­ciones y los acuerdos relacionados con la deuda sean accesibles al público; entre ellas, una comunicación clara sobre las condiciones de los préstamos, sus destinos previstos y los planes de pago. 3. Se deberá fortalecer el papel del Parlamento en la supervisión de la gestión de la deuda, para lo cual deberían solicitarse informes periódicos al poder ejecutivo sobre la situ­ación de la deuda así como requerirse la aprobación parlamentaria para los acuerdos de deuda más importantes. 4. Se deben unificar las disposiciones legislati­vas dispersas relacionadas con la gestión de la deuda en una ley integral de deuda pública que cubra todas sus etapas: contratación, uti­lización, pago y requisitos de transparencia. 5. Es necesario modificar la ley que rige al Ban­co Central de Túnez para reforzar su papel en la gestión de la deuda pública, lo que incluye 111