Establecía que los instrumentos regidos por la legislación del estado de Nueva York imponían al titular la obligación de participar de buena fe en una reestructuración cualificada que afectara al instrumento. A tal efecto, definía“reestructu­ración cualificada” como aquella en la que el FMI hubiera evaluado la deuda del país como insostenible en los doce meses anteriores, siem­pre que los titulares de al menos dos tercios de la deuda y la mitad del número de instrumentos aceptaran la modificación. La versión de mayo de 2024 también abordaba la tasa de interés previa al fallo que cobran los acreedores demandantes, actualmente una pe­nalización del 9% sobre todos los pagos de inte ­reses vencidos. Esta penalización tan alta es un incentivo para que los tenedores de bonos ini­cien las demandas, especialmente en épocas de bajas tasas de interés del mercado(Rashid y Sti­glitz, 2020). El exsubsecretario de Asuntos Inter ­nacionales del Tesoro de Estados Unidos, Jay Shambaugh, estaba a favor de“indexar las tasas de interés previas al fallo según las del mercado” (2024). El proyecto de ley fijaba estas tasas en lí ­nea con el mercado, y tomaba como referencia el“rendimiento promedio semanal de los bonos de Tesoro con vencimiento constante a un año [...] para la semana calendario anterior a la fe­cha en que se dicte la sentencia que determine la indemnización por daños y perjuicios”. Los informes y comentarios de los medios de co­municación se diferenciaron del apoyo recibido por los grupos de acreedores privados al proyec­to de ley basado en la doctrina Champerty, por presentarse como una forma más específica de abordar las preocupaciones sobre la reestructu­ración de deuda soberana y por estar en contra de la Ley de Estabilidad de Deuda Soberana (Duguid y Cotterill, 2024; Makoff, Setser y Weiss, 2024). Aun así, los comentarios que estos grupos y sus aliados les presentaron a quienes impulsa­ban la ley fueron muy críticos. La forma final en que se la presentó como proyecto en el Senado, así como el modo en que se aprobó, reflejaba estas críticas. Así, se vio todavía más restringido su ámbito de aplicación y se limitaron más sus disposiciones. El proyecto de ley que aprobó el Senado eliminó la disposición que establecía el deber de buena fe. También redujo el ámbito de aplicación del proyecto. Si bien la intención legislativa de la versión de mayo de 2024 excluía a los“inverso ­res convencionales” del ámbito de aplicación, también excluía una categoría adicional denomi­nada“inversores cooperativos”, es decir,“inverso­res en deuda de países sobreendeudados que re­gularmente compran bonos a precios bajos en el mercado secundario y que tienen un historial de apoyo a resoluciones consensuadas en situacio­nes de sobreendeudamiento de deuda soberana, tanto como miembros de comités de acreedores o por su participación en líneas generales en operaciones aceptadas por otros acreedores tras una negociación”. Entonces, si bien el proyecto de ley crea algunos obstáculos significativos a los llamados fondos buitre, les complica las co­sas a los deudores que quieran recurrir a este enfoque para su defensa. No impide de manera concluyente la actuación de estos fondos ni le permite al deudor ignorar sus exigencias de for­ma segura. La versión aprobada por el Senado mantuvo la reducción de la tasa de interés pre­via a la sentencia. Consecuencias no deseadas Aún no se ha aprobado ninguno de los proyectos de ley revisados, pero las afirmaciones sobre sus supuestas consecuencias no deseadas han teni­do un papel importante en la creciente oposición a ellos(ACLI et al., 2023; Instituto de Finanzas Internacionales, 2024; Goss, 2024). Dado lo inno ­vador de los tipos de reformas que promueven los proyectos de ley, y que casi no tienen prece­dentes, presentan un terreno fértil para acusa­ciones no basadas en los hechos, sino en suposi­ciones y especulaciones. Y de hecho, el precedente que existe, la legislación del Reino Unido de 2010, refuerza los argumentos a favor de las reformas. 119