Rosario, ¿laboratorio para la entrada del crimen organizado en Argentina? Sabina Frederic/ Mariana Galvani/ Alina Ríos El aumento de la violencia criminal en la ciudad argentina de Rosario no es expresión de un crecimiento en la magni­tud del delito de“narcotráfico” sino de una crisis de las for­mas de gobernanza y de los mecanismos formales e infor­males de regulación de la violencia. Entre las variables que explican la violencia y sus características en Rosario, hay que considerar el rol del Estado, encarnado en leyes y agentes que la aplican o negocian su aplicación. En los primeros meses de 2023, la ciudad de Rosario, pro ­vincia de Santa Fe, fue escenario de una sucesión de he­chos de violencia, algunos letales y varios calificados de “mafiosos”, amplificados por la prensa nacional e interna­cional, que la ubicaron como el lugar de asentamiento del “crimen organizado”. El hecho que le dio mayor visibilidad internacional fue, sin duda, la balacera al frente del super­mercado propiedad de la familia política de Lionel Messi. Pero Rosario no es un nuevo escenario de violencia, por el contrario, desde el año 2017 sube la tasa de homicidios, si ­guiendo la tendencia contraria que la Argentina reporta desde 2014. La tasa de homicidios 2021, de acuerdo con los últimos datos oficiales, reporta 4,6 homicidios dolosos cada 100.000 habitantes total país, 4,7 para la provincia de Buenos Aires, donde se ubica la región metropolitana más densamente poblada de la Argentina; y 10,1 para la provin ­cia de Santa Fe. Los datos preliminares de 2022 de la pro ­vincia de Buenos Aires indican un nuevo descenso, mien­tras los de Santa Fe se incrementan. Es evidente que el mercado de drogas ilegales es inmensa­mente mayor en la región metropolitana de Buenos Aires (incluyendo la Ciudad de Buenos Aires) que en Rosario. Hay allí más consumidores, más bocas de expendio y una red articulada de agentes y grupos de distinta escala que resuelven el lavado de dinero, la logística del transporte mayorista, el fraccionamiento, el comercio al menudeo, los arreglos con autoridades estatales, entre otros asuntos. Sin embargo, tendemos a caer en el error de pensar que el cri­men es“organizado” en Rosario y no en Buenos Aires, por­que allí se asocia con la violencia extrema, pero no en esta última ciudad. Es decir que la manera en que generalmente se usan las categorías de crimen organizado o narco lleva a eludir el análisis de las formas de organización criminal que incluyen mecanismos de regulación de la violencia y/o que producen violencias menos letales. Creemos que es ne­cesario complejizar la relación entre“crimen organizado” y “violencia” para observar y comprender los mecanismos que se dan las organizaciones delictivas para administrar el uso de las violencias e, incluso, asegurar su funcionali­dad respecto del desarrollo del negocio ilegal. En todos los centros urbanos de Argentina existen organi­zaciones de personas que comercian en el mercado de dro­gas ilegalizadas. Pero, a juzgar por los datos objetivos de descenso de la tasa de homicidios en los mayores centros urbanos de la Argentina, las formas de organización crimi­nal violentas están desde 2014 más encapsuladas en la ciu ­dad de Rosario. Cabe entonces preguntar cuáles son las condiciones que impiden en la ciudad de Rosario una ad­ministración del negocio ilegal de drogas con menores índi­ces de letalidad. El Estado, agente regulador Entre las variables que explican la particularidad de Rosa­rio hay que considerar, sin duda, el rol del Estado, encarna­do en leyes y en agentes que la aplican o negocian su apli­cación. La organización de comercio de drogas ilegalizadas no“penetra” a la sociedad y a las instituciones estatales como algo que viene de“afuera”. Emerge en esa trama como efecto de intercambios habituales y regulares. Enton­ces no es“la falta de Estado” o la“debilidad de sus institu­ciones” la causa del“avance del delito de narcotráfico”. Al contrario, el Estado interviene en las condiciones de posibi­lidad de cualquier mercado ilegal, y es el que impone el ca­rácter ilícito a ciertas prácticas y mercancías. En Argentina el delito de tráfico ilegal de drogas está tipifi­cado por una ley de 1989, de acuerdo con una política glo ­bal prohibicionista que, en nombre del cuidado de la salud, persigue penalmente el consumo y el tráfico de ciertos es­tupefacientes y promueve el tratamiento por vía de la abs­tención. En nombre de la salud se construyen criminales, y se persigue a los consumidores. El Estado define cuáles drogas son ilegales y cuáles se pueden comprar en una far­macia. Además, hay que tomar nota del funcionamiento de los dispositivos estatales que habilitan o propician las violen­cias entre quienes trafican mercancías ilegalizadas y hacia quienes no son parte del negocio. El Estado negocia su in­tervención a través de diversos agentes que producen una administración discrecional de las prácticas ilegalizadas. Los actores estatales involucrados son desde los policías desplegados en el territorio hasta los jueces, pasando por funcionarios políticos. Algunos por omisión y otros por ac­40 Friedrich-Ebert-Stiftung e. V.