Las políticas de seguridad y defensa de Javier Milei Sabina Frederic En los campos de seguridad y defensa, el gobierno de ex­trema derecha del presidente argentino Javier Milei ha to­mado en sus primeros dos meses medidas represivas y contrarias a los derechos que le generan rechazos sociales. A la vez, intenta que las fuerzas armadas asuman funcio­nes que no le corresponden. El presidente Javier Milei(2023-) delegó en Patricia Bull ­rich, la candidata presidencial que obtuvo el tercer lugar en las elecciones generales de octubre de 2023, el Ministerio de Seguridad. Paralelamente, designó a Luis Petri, su com­pañero de fórmula, ministro de Defensa. El protagonismo político de la ministra, quien ejerció el cargo durante la presidencia de Mauricio Macri(2015-2019), coloca la seguri ­dad a la cabeza de la agenda pública. Ahora, además, su­mando bajo su mandato a la Agencia Nacional de Materia­les Controlados, que regula la adquisición y usos de armas y explosivos; y el Servicio Penitenciario Federal que aloja el 10% de la población carcelaria. Las primeras medidas tomadas por Bullrich en el nuevo cargo han sido altamente polémicas: las acciones represi­vas contra las protestas por las medidas inflacionarias del gobierno, con ahorros y salarios congelados, y regresivas en materia de derechos. La ministra retomó su discurso de orden, identificó el desorden en los cortes de la vía pública o“piquetes”, y aplicó su frase de cabecera“el que las hace las paga”. Justificó así la anulación del abordaje a las pro­testas de los últimos veinte años, periodo en el cual eran cuerpos policiales especiales sin uso de armas letales, que junto a funcionarios políticos contenían el conflicto. La aprobación de su“protocolo antipiquetes” fue denuncia­do por organizaciones de derechos humanos ante la justi­cia local, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los relatores especiales de las Naciones Unidas, por inten­tar prohibir el derecho fundamental a la libertad de expre­sión pacífica. El mismo incluyó la escandalosa medida de tratar de cobrar el coste de los operativos policiales a las organizaciones convocantes. En las primeras tres grandes manifestaciones el protocolo mostró su relativa inviabili­dad. Hubo cortes parciales y totales de la vía pública que el mismo prohibía, aun así, no hubo acciones represivas. En cambio, fue brutal la represión a las protestas pacíficas en rechazo al proyecto de la ley refundacional de Milei“Bases y puntos de partida para la libertad de los Argentinos” mientras era debatida en el Congreso de la Nación. Las tres jornadas de represión dejaron doscientas ochenta y cinco víctimas de lesiones de diferente gravedad, entre ellas treinta y cinco comunicadores sociales. Al caerse dicho proyecto, fracasó la modificación introduci­da por Bullrich a la legítima defensa del Código Penal en favor de las policías. En revancha, derogó la resolución del gobierno anterior que en 2019 dejó sin efecto unas doce medidas seudolegales dictadas en su anterior gestión, en­tre las cuales estaba la habilitación a las fuerzas federales a disparar sin riesgo de vida inminente, contra el mandato de dicho Código. El Plan Bandera Por otra parte, lanzó en Rosario el Plan Bandera“para la prevención del delito y el combate contra la comercializa­ción de estupefacientes”. Esa ciudad tiene la tasa de homi­cidios más alta del país y arrastra desde 2017 una tenden ­cia ascendente contra la tendencia inversa en la Argentina desde 2014. El Plan resultó en el anuncio de la concentra ­ción de las fuerzas federales en los“barrios más calientes”, y en la realización de“inteligencia carcelaria por la alta participación de internos de alto perfil en la comisión de delitos”. Nada que no se haya hecho con anterioridad. Bullrich ha apelado también a la espectacularización utili­zada en un operativo contra una supuesta“célula terroris­ta” integrada por tres hombres que resultaron ser un profe­sor de tenis de mesa, un peluquero y un supuesto mercena­rio español. Dos semanas después de la detención quedaron liberados por falta de pruebas. Las declaraciones de la ministra fueron entonces:“Se obtuvo una información de inteligencia brindada por una conjunción de elementos tanto de Estados Unidos como de Israel y de un miembro de Gendarmería que ha sido formado en antiterrorismo de parte de sus pares de Colombia”. Por entonces de realiza­ban los Juegos Macabeos Panamericanos y el operativo, aunque fuese infundado, permitía ratificar el alineamiento con Israel y Estados Unidos. Las“nuevas amenazas” La política de defensa, en cambio, generó más expectativas de cambio radical hacia las Fuerzas Armadas que aquello que efectivamente ocurrió. La primera decisión que alteró esas expectativas fue apartar a la vicepresidenta Victoria Villarruel, hija y nieta de militares, militante de la reivindi­cación de la actuación militar durante el terrorismo de Es­42 Friedrich-Ebert-Stiftung e. V.