Política armamentística: en el límite del juego democrático Carolina Ricardo Desde que Jair Bolsonaro(2019-2023) asumió la presiden ­cia de Brasil, ha emitido más de treinta actos legislativos para flexibilizar el control de armas en el país. Estas medi­das van desde aumentar la cantidad y potencia de las ar­mas que puede adquirir la ciudadanía hasta cambiar los criterios que autorizan a los ciudadanos a comprar un arma para defensa personal. En vísperas del Carnaval publicó cuatro decretos más, aumentando de cuatro a seis el límite de armas para los ciudadanos, excluyó los proyectiles y las máquinas de recarga de munición de la lista de productos controlados por el Ejército, permitiendo la fabricación y venta de munición sin control, entre otros ejemplos. Esta política de flexibilización ha tenido lugar mediante la publicación de decretos, ordenanzas, resoluciones e ins­trucciones emitidas por diferentes ramas del poder Ejecuti­vo. El presidente ha decidido burlarse de que la política de control de armas es dictada por el Estatuto de desarme. Esta es una ley federal que, para ser alterada en su esencia, debe ser debatida en el Congreso Nacional, entre los con­gresistas y con amplia participación popular. Debido a la baja posibilidad de que la agenda armamentista fuese aprobada en el Congreso, Bolsonaro comenzó a jugar el juego infralegal proponiendo normas desde el Ejecutivo hasta el límite de lo que debe ser regulado por ley federal. En realidad, hay cuestiones reguladas por decretos en la política de control de armas. El punto es que el presidente sobrepasa estos límites de forma recurrente y este juego presiona el sutil equilibrio entre poderes, generando reac­ciones para intentar mantenerlo, algo tan importante para la democracia. Un ejemplo es que estos decretos presiden­ciales han sido cuestionados en el Congreso a través de proyectos de decretos legislativos( PDL )(setenta y siete en­tre 2019 y 2020) para frenar sus efectos. También se han presentado innumerables acciones en el Supremo Tribunal Federal para garantizar la constitucionalidad y el respecto a un cierto equilibrio entre los poderes. Como resultado, además de le presión sobre los frenos y contrapesos del modelo democrático, Bolsonaro también ha contribuido a que en 2020 se alcanzara la cifra de 1.151 millones de armas legales en manos de los ciudadanos, un 65% más que en 2018. Los resultados no pueden ser peo ­res: tras una importante reducción de los homicidios en 2018 y 2019, estas muertes volvieron a crecer un 5% en 2020. Este es el resultado de su política. Acerca de la autora Carolina Ricardo . Abogada y socióloga. Directora ejecutiva del Instituto Sou da Paz, Brasil. Fuente Publicado en marzo de 2021 en el Newsletter 4 de la Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente y Sostenible. Disponible en: https://colombia.fes.de/fes-seguridad/news ­letter/page-4.html 46 Friedrich-Ebert-Stiftung e. V.