Golfo y los Pachenca, y solo cuatro días después, el 3 de enero, el Comando Central del ELN lo desmintió en un co­municado en el que señalaba que no había tal acuerdo so­bre un cese al fuego con el gobierno. Lo cierto es que no lo había con ninguno de los grupos, dado que no se habían firmado protocolos ni se habían definido mecanismos de verificación del cumplimiento de las partes. Así las cosas, el cese de las acciones violentas por parte de los actores armados dependía básicamente de su buena voluntad y, de acuerdo con cifras del mismo gobierno, nin­guno cumplió con su parte(Méndez, 2023). Esto se hizo evidente con la presión e injerencia del Clan del Golfo en un paro de mineros en la región del bajo Cauca en Antio­quia, o con las amenazas de las disidencias de alias“Mor­disco” contra doscientas familias de desmovilizados de las Farc en Mesetas(departamento del Meta), que las obliga­ron a desplazarse para proteger sus vidas( El Espectador, 2023), por citar solo dos ejemplos. Ante las evidencias de la participación del Clan del Golfo en varias acciones violen­tas en el Bajo Cauca, el 19 de marzo Petro tomó la decisión de suspender el cese al fuego con ese grupo, lo que implica la reanudación de las operaciones militares en su contra. Por otro lado, la reacción del comisionado para la Paz fren­te al desplazamiento forzado de Mesetas ha generado mu­chas críticas, dado que en sus declaraciones ha sugerido que las familias salieron de la zona por voluntad propia. A pesar de los esfuerzos y de la buena disposición del go­bierno, la situación de seguridad y orden público se ha de­teriorado de modo alarmante en algunas regiones del país, entre ellas varias que han sido históricamente las más afectadas por el conflicto armado y la violencia, como el Cauca, Arauca, Nariño o el norte de Antioquia. Aunque se han reducido los enfrentamientos entre la fuerza pública y los grupos armados por cuenta de los ceses bilaterales pro­puestos por el gobierno, no pasa lo mismo con los enfren­tamientos entre los grupos por el control de territorios y de las poblaciones que allí viven. De acuerdo con un estudio de la Fundación Ideas para la Paz, durante los primeros tres meses del gobierno de Petro las acciones de la fuerza pública contra los grupos ilegales disminuyeron en 70%, mientras que los enfrentamientos entre los grupos aumen­taron en 79% en comparación con el mismo periodo del año anterior(Fundación Ideas para la Paz, 2022). Al pare ­cer, la estrategia es fortalecerse territorialmente y en nú­mero de miembros para poder negociar mayores concesio­nes en una posible mesa con el gobierno. Paradójicamente, la política de“paz total” parece haber te­nido, al menos hasta ahora, un efecto perverso: la lucha entre los grupos por consolidarse para negociar desde una posición de fuerza ha dejado en medio del fuego cruzado a la población civil en territorios que tenían enormes expec­tativas hacia lo que el gobierno“del pueblo” podría hacer para garantizarles una vida tranquila y segura. El caso de Arauca es ilustrativo: la guerra entre el ELN y las disiden­cias de las Farc por el control de esa zona fronteriza con Venezuela dejó en 2022 más de trescientas personas asesi ­nadas, reclutamiento forzado de menores, confinamientos de población y amenazas contra líderes locales. En el Cau­ca, zona clave en la cadena de valor del narcotráfico, las disputas por el control de territorios –a veces por medio de alianzas entre grupos o facciones que en otras regiones es­tán en guerra 2 – han llevado a un aumento de los homici­dios, las amenazas y el control social por métodos violen­tos e intimidatorios, y a una profunda desconfianza en el interior de las comunidades debido a acciones como la en­trega de motos o celulares por parte de los grupos a jóve­nes de la zona para reclutarlos como informantes. En el marco de este panorama, el comisionado para la Paz continúa los diálogos y negociaciones, en muchos casos secretos y en diferentes etapas de desarrollo, con seis gru­pos distintos, además de estar a cargo de la implementa­ción del Acuerdo de paz de la Habana. Los cuestionamien­tos con respecto a su labor comienzan a oírse incluso entre personas aliadas del gobierno. Es claro que la tarea es gi­gantesca. Pero el comisionado Rueda parece querer todo en soledad. A esto se suma que su oficina no cuenta con suficiente personal técnico con experiencia en negociacio­nes de paz. Todo esto genera demasiadas improvisaciones e impide el desarrollo de una hoja de ruta clara para llevar adelante con éxito procesos que son altamente complejos. Incluso varios sectores han expresado su preocupación por el escaso progreso que se observa en términos de la imple­mentación del acuerdo de 2016, a pesar de las declaracio ­nes del presidente sobre su intención de avanzar de mane­ra decisiva en ese frente. Es preocupante que la estrategia del gobierno se base en la idea de confiar en la voluntad de paz de grupos que usan la violencia de modo sistemáti­co, y en otorgarles beneficios y concesiones, simplemente porque han expresado una voluntad de negociar y de redu­cir los homicidios. Al 31 de marzo de 2023, se cursaba en el Congreso un proyecto de ley con el que se busca establecer los mecanismos para el sometimiento a la justicia de los grupos criminales“de alto impacto” de carácter no político. El proyecto es muy generoso con los actores a los que quiere someter –contempla, por ejemplo, que los autores de delitos de lesa humanidad paguen un máximo de ocho años de cárcel y que puedan quedarse con 6% de las ga ­nancias obtenidas por su participación en actividades ilíci­tas, hasta un máximo de 11.600 millones de pesos(más o menos 2,5 millones de dólares), a cambio de entregar sus bienes y sus armas y de cesar todas sus actividades ilega­les–. Queda por ver cómo logrará el Estado, cuyas capaci­dades en términos de administración de investigación y justicia son bastante débiles, en especial en los territorios en donde estos grupos operan, hacer un seguimiento efec­tivo del cumplimiento de estos compromisos. 2 En una región del norte del departamento parece haber una alianza entre el ELN y una de las disidencias de las Farc para disputar el control del territorio a la otra disiden­cia, presente en la región desde 2017. Las múltiples caras de la seguridad en América Latina. Selección de recursos del Newsletter del Centro Regional sobre Paz y Seguridad 53