La reforma del sector de seguridad sigue distante en Colombia Adam Isacson Cuando se debatía lo que llegó a ser el histórico acuerdo de paz de Colombia de 2016, los negociadores del gobierno y de la guerrilla de las Farc(Fuerzas Armadas Revoluciona­rias de Colombia) evitaron discutir el futuro del sector de la seguridad del país.“El futuro de las fuerzas armadas no se negociará con las Farc”, decía a menudo Juan Manuel San­tos(2010-2018), que ganaría el Premio Nobel de la Paz por guiar las conversaciones. Esto reflejaba la realidad del po­der: la oposición militar y policial hubiera podido hundir el proceso de paz. Poco cambió sobre cómo actuar hacia la fuerza pública con posterioridad a 2016. Durante el primer año y medio después de la entrada en vigor del Acuerdo de paz, el go­bierno de Santos no hizo cambios sustanciales a la política de seguridad. Luego, los colombianos eligieron un gobierno liderado por los opositores del acuerdo. Iván Duque y su partido nombraron a algunos de los oficiales más duros en puestos de mando. Las esperanzas de una reforma signifi­cativa del sector de la seguridad disminuyeron. Más grupos armados, menos seguridad Las consecuencias de esta oportunidad perdida son cada vez más evidentes. Cinco años después de la desmoviliza­ción de las Farc, prácticamente todos los indicadores de se­guridad −homicidios, masacres, desplazamientos y confi ­namientos forzados, atentados terroristas− han empeora ­do, acercándose a niveles que no se veían desde antes del inicio de las negociaciones de La Habana. Colombia es, con mucho, el líder mundial en asesinatos de líderes socia­les y defensores del medio ambiente, mientras que más de trescientos guerrilleros desmovilizados de las Farc han sido asesinados. Un sistema de justicia insuficientemente equi­pado solo ha podido condenar a un pequeño grupo de au­tores intelectuales de estos crímenes. El ejército y la policía de Colombia parecen impotentes para enfrentarse a un universo de grupos armados y crimi­nales que prolifera: un reciente informe de la ONG Indepaz cuenta más de cuarenta de ellos. Un patrón deprimente se repite una y otra vez: los grupos armados atacan en una región, el presidente Duque(2018-2022) despacha unos cuantos miles de soldados, retirándolos de otras regiones, solo para que otra región estalle poco después. Los princi­pales líderes, como“Otoniel” del Clan del Golfo, son captu­rados, pero la frecuencia de los ataques violentos sigue siendo alta. Y la cantidad de territorio nacional que queda sin gobernar parece estar aumentando, exactamente lo contrario de lo que prometían los compromisos rurales del Acuerdo de paz, que se han descuidado. El sector de seguridad colombiano simplemente no se ha adaptado. Sigue preparado para luchar contra una insur­gencia que busca el poder político combatiendo al Estado. Pero el“enemigo” de hoy prefiere evitar el enfrentamiento con el Estado: eso estorba su financiación ilícita. Prefiere corromper y penetrar el Estado desde dentro, haciéndolo ineficaz. Y cuando son enfrentados, los grupos criminales que operan actualmente tienden a fragmentarse. Reformas limitadas Mientras tanto, la Colombia del posconflicto tiene una so­ciedad civil muy activa y −especialmente después de que la pandemia arrojara a la gente a la pobreza− una pobla ­ción hambrienta y subempleada. Esto ha dado lugar a un movimiento de protesta articulado que el gobierno malin­terpreta. Su incapacidad para comprender la desesperación popular se manifestó en cientos de testimonios −entre ellos vídeos− de asesinatos con fuego real, desapariciones, torturas, asaltos y abusos sexuales que los manifestantes sufrieron a manos de la policía en 2019, 2020 y 2021. El sector de la seguridad de Colombia sigue preparado para la guerra, ya que su Policía Nacional es una de las po­cas fuerzas de América Latina que sigue dependiendo del Ministerio de Defensa y estando sujeta al sistema de justi­cia militar. Tras las protestas de 2021, el presidente Duque anunció un puñado de reformas a la Policía Nacional: una nueva política de derechos humanos, una reestructuración de su Inspección General y la sustitución de los uniformes de color verde oliva por otros de color azul. Esto ignoró las peticiones(de las que se hizo eco en parte la Comisión In­teramericana de Derechos Humanos) de separar la Policía del Ministerio de Defensa y del sistema de justicia militar o de replantear su temida unidad antidisturbios Esmad. Lue­go, en enero, el gobierno impulsó en el Congreso una nue­va ley de seguridad que la oposición considera que facilita­rá la criminalización de los manifestantes y el uso de ar­mas. Ningún cambio en la política de Estados Unidos La evidente falta de reformas subraya por qué la respuesta del aliado de seguridad más cercano a Colombia, Estados Unidos, ha sido decepcionante. Los funcionarios de la administración Biden(2021-2025) han sido efusivos en sus Las múltiples caras de la seguridad en América Latina. Selección de recursos del Newsletter del Centro Regional sobre Paz y Seguridad 55