Los retos del equilibrio entre la seguridad y los derechos humanos Guillermo Fernández-Maldonado C. La seguridad es un derecho humano y su vigencia es esen­cial para el libre ejercicio del conjunto de derechos huma­nos. Sin embargo, la historia de Latinoamérica, cargada de conflictos, desigualdades y disputas por el poder, ha hecho desafiante abordar, de forma serena, objetiva y técnica, los retos que plantea la estrecha relación entre la garantía de la seguridad y el respeto de los derechos humanos. El estado como garante de derechos humanos Los derechos humanos, reconocidos en constituciones y tratados internacionales, son universales e inalienables. Su protección es un deber legal de todo Estado. Con esta sóli­da base normativa, el debate debe centrarse en identificar, analizar y remover los obstáculos que impiden que los es­tados cumplan sus deberes de respeto, protección y garan­tía de estos derechos. ¿Cómo se cumplen estos deberes? Con medidas para ase­gurar que los agentes estatales respeten los derechos hu­manos; para prevenir, investigar y sancionar a actores no estatales que afecten estos derechos; con un marco legal, políticas públicas y presupuestos para hacer efectivos pro­gresivamente estos derechos para todas las personas. Se ha partido de concebir al Estado como el presunto vio­lador, a la ley como un límite a su actuación, y a la seguri­dad y los derechos humanos como excluyentes. Los retos actuales requieren concebir al Estado como garante de de­rechos, a la ley como fuente de su legitimidad, y a la segu­ridad como parte esencial de las garantías de los derechos humanos. En la región, regímenes autoritarios aplicaron una violenta represión, con graves consecuencias para el estado de de­recho y los derechos humanos, con el argumento de prote­ger la seguridad nacional. Existe una historia de represión a opositores políticos, a conflictos y protestas sociales, por regímenes autoritarios e incluso democráticos. Un denomi­nador común ha sido la ausencia de controles legales, judi­ciales y democráticos efectivos sobre los autores y de cam­bios profundos en las instituciones estatales vinculadas a la seguridad. Democracia, seguridad y frustración ciudadana El retorno a la democracia generó grandes expectativas en la región. La población esperaba mejorar su nivel de vida, mayor igualdad, seguridad, justicia y respeto por los dere­chos humanos. Sin embargo, el importante desarrollo nor­mativo e institucional en favor de estos derechos, con sis­temas de protección nacional e internacional, no logró los cambios necesarios en el núcleo de la doctrina, procedi­mientos operativos y de rendición de cuentas de las institu­ciones militares y policiales. Tras varias décadas de gobiernos en democracia, con diver­sa orientación política, es innegable la frustración ciudada­na por su desempeño. Una de sus principales causas es la inseguridad, la incapacidad estatal para proteger y frenar la violencia, corrupción e impunidad. Hoy la población es víctima cotidiana del delito y la corrupción. Se siente des­protegida ante la creciente violencia y poder del crimen or­ganizado. La región concentra la mayoría de las ciudades más peligrosas del mundo, es donde se asesina al mayor número de periodistas, defensores de derechos humanos y ambientales, florece la violencia de género y contra mi­grantes y refugiados. La impunidad de los graves crímenes es casi total. Ante esta incapacidad, que ha erosionado la credibilidad del sistema democrático y la clase política, es cada vez más frecuente el apoyo a liderazgos y medidas de“mano dura”. Es decir, una acción represiva sin controles efectivos, la militarización e incluso el uso de armas por civiles y la “justicia por mano propia”. Muchos creen que hoy son la única salida para frenar el crimen y la violencia. Por ello no se cuestionan si estas medidas logran una seguridad soste­nible o si son compatibles con el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos. Esta situación y la dificultad de lograr cambios profundos se derivan también de diagnósticos equivocados. Por ejem­plo, afirmar que las fuerzas de seguridad no pueden garan­tizar la seguridad por las restricciones que les imponen la ley, por una mala administración de justicia y por críticas “politizadas” sobre su desempeño en materia de derechos humanos. Es decir, es culpa de fiscales, jueces, defensores y sistemas de protección de derechos humanos por exigir cumplir la constitución y la ley. Es el mismo argumento que buscaba la impunidad de los perpetradores de la repre­sión del pasado, que acusaban a toda persona u organiza­ción que exigiera justicia y respeto a la ley, de ser cómpli­ces de delincuentes, organismos de fachada de la subver­sión o estar al servicio de ideologías extranjeras. Cuando la población, harta de ser víctima de la violencia delictiva y del Estado exige cambios, pues la acción policial Las múltiples caras de la seguridad en América Latina. Selección de recursos del Newsletter del Centro Regional sobre Paz y Seguridad 63