no solo no protege a la población, sino que tiene una histo­ria de abusos, uso excesivo de la fuerza, corrupción y com­plicidad con los criminales, se ha descartado emprender las reformas integrales necesarias y optado por medidas de impacto de corto plazo, como un mayor despliegue de efectivos o la militarización de la seguridad ciudadana. Construcción de una respuesta nacional con apoyo internacional Los retos que plantea la grave situación de inseguridad en la región exige medidas efectivas de corto plazo que prote­jan y recuperen la confianza de la población pero, para una solución sostenible a largo plazo, de forma paralela se debe identificar, analizar y atender las causas estructurales de la violencia y las carencias que impiden que las institu­ciones encargadas de la seguridad y la administración de justicia cumplan su rol garante del derecho a la seguridad. Para esta respuesta integral, los estados deberían contar con la experiencia y experticia de los sistemas nacionales e internacionales de protección. Recordemos que los sistemas de protección interamericano y de la ONU fueron creados por los estados como apoyo al cumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos. Hoy tienen una rica experiencia práctica, han desarrollado guías y manuales, interpretado el contenido de los dere­chos y realizan recomendaciones específicas y adaptadas a cada realidad nacional, por ejemplo, en materia de seguri­dad y lucha contra la impunidad. No obstante, solo se ha destacado su acción fiscalizadora y pública, que es utiliza­da como arma política en un marco de gran polarización. Ello ha generado posturas defensivas de los gobiernos, cuando no un público rechazo. Deben abrirse nuevos canales de interacción que permitan a los estados, en espacios confidenciales si es necesario, plantear sus necesidades y solicitar la asesoría y acompa­ñamiento técnico de expertos de ambos sistemas de pro­tección internacional, para abordarlos conforme a las nor­mas y estándares internacionales de derechos humanos. Oportunidades para avanzar Ante los problemas, obstáculos y desafíos planteados exis­ten medidas, en diferentes niveles políticos y por parte de diversos actores, cuya adopción debe evaluarse: 1. Construcción participativa y basada en estándares inter­nacionales: las políticas y medidas en materia de seguri­dad, como las aquí sugeridas, deberían construirse y monitorearse con la participación ciudadana, con apoyo de la academia y los sistemas internacionales de protec­ción, sobre la base de la evidencia y las obligaciones de derechos humanos. 2. Planificación estratégica e integral: se deben abordar tanto los síntomas de la inseguridad en el corto plazo, como las políticas de mediano y largo plazo, que remue­van las causas subyacentes, como la pobreza y la des­igualdad. Es un trabajo multidisciplinario con vocación de cooperación sur-sur. 3. Cerrar brechas de implementación: el principal reto es desarrollar políticas, fortalecer la institucionalidad y asignar recursos suficientes para que el estado garantice los derechos ya reconocidos legalmente. 4. Reformas normativas e institucionales: • Cuerpos de seguridad: es esencial una profunda refor­ma, con cambios en sus normas, doctrina, currícula, profesionalización, métodos operativos, inteligencia y rendición de cuentas. • Administración de justicia: una justicia independiente y oportuna es esencial para proteger los derechos hu­manos y evitar la impunidad. Es preciso identificar con certeza qué limita o impide cumplir su rol en cada país. Acerca del autor Guillermo Fernández-Maldonado C . Abogado por la Pon­tificia Universidad Católica del Perú, con maestría en Ad­ministración Pública y doctorado en Derecho ante la Uni­versidad de Alcalá de Henares, España. Con la ONU ha tra­bajado en países con misiones de paz o retos en materia de seguridad como Afganistán, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Perú. Fuente Publicado en noviembre de 2023 en el Newsletter 15 de la Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente y Sostenible. Disponible en: https://colombia.fes.de/detail/los-re­tos-del-equilibrio-entre-la-seguridad-y-los-derechos-huma­nos.html 64 Friedrich-Ebert-Stiftung e. V.