del medio ambiente también han sido reprimidos y crimi­nalizados por los gobiernos que deberían protegerlos(Co­misión Interamericana de Derechos Humanos, 2015). La violencia criminal, incluidos los delitos contra el am­biente, se concentra en gran medida en las zonas rurales con escasa presencia estatal y fuertes economías ilícitas, y en los barrios humildes de las ciudades. Como tales, las principales víctimas de la violencia son las personas so­cioeconómicamente empobrecidas y desfavorecidas, inclui­das las minorías étnicas como las poblaciones indígenas y afrodescendientes, las minorías de género, las mujeres y los agricultores de subsistencia(Arjona, 2021). Alrededor de la mitad de las víctimas de homicidio están entre los 15 y los 29 años. La violencia contra los líderes sociales, entre ellos los defensores del medio ambiente y de los derechos humanos, tiende a afectar también de forma desproporcio­nada a las personas con bajos ingresos y a las minorías ét­nicas(Arjona, 2021). Además, la violencia extractivista de hoy en día se nutre en gran medida de los prejuicios y el legado de los conflictos raciales y de clase de antaño(Mc­Neish, 2018: 3-16). Aunque se pueden apreciar importantes diferencias regio­nales, las respuestas estatales a la violencia criminal, in­cluidos los delitos contra el ambiente, han sido predomi­nantemente militarizadas. Los gobiernos latinoamericanos han gravitado hacia enfoques populistas punitivos de “mano dura”, que combinan la aplicación coercitiva de la ley, el despliegue de fuerzas militares en la vigilancia na­cional, las detenciones masivas y los castigos cada vez más severos, a menudo con fines electorales 5 . La incapaci­dad o incluso la falta de voluntad de las instituciones civi­les para hacer frente a numerosos desafíos sociales, econó­micos y de seguridad exacerba la dependencia que tiene la seguridad nacional de los militares; lo cual justifica su uso como medida provisional para respaldar a las ineficaces instituciones civiles 6 . Aunque estos intentos de frenar la delincuencia organizada en los países de América Latina y el Caribe han tenido, en ocasiones, efectos positivos, su impacto tiende a disiparse rápidamente 7 . La delincuencia organizada ha evolucionado a tal punto que ha llegado a crear redes de influencia en las autoridades y comunidades locales, recurriendo a la in­timidación violenta y a la financiación de campañas elec­torales para hacerse con el poder. Esto ha dado lugar a una mayor probabilidad de que las autoridades se hagan los de la vista gorda o actúen en connivencia con actividades de­lictivas. El uso de las fuerzas militares se ha asociado ade­más con abusos contra los derechos humanos de la pobla­ción civil 8 . Se forman bucles de retroalimentación que resultan perju­diciales, ya que el aumento de la inseguridad obstaculiza el desarrollo sostenible de los países de esta región y ha afectado a la gobernanza democrática, siendo la mala go­bernanza una de las principales causas de la violencia y la injusticia ambiental y social. Además, como la violencia tiende a afectar de manera desproporcionada a poblacio­nes que ya se encuentran en desventaja, puede perpetuar y amplificar distintos tipos de desigualdades. En respuesta a los acuciantes problemas de degradación ambiental y a la alarmante violencia, a menudo dirigida contra los defensores del ambiente, en 2021en América La ­tina se logró un hito importante con la ratificación del Acuerdo de Escazú(Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justi­cia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe). Este tratado internacional jurídicamente vinculante ha ob­tenido el apoyo de veinticuatro de los treinta y tres países de la región y ha sido ratificado por quince. El objetivo del Acuerdo de Escazú es salvaguardar los derechos de las ge­neraciones presentes y futuras, garantizando su acceso a un medio ambiente sano y facilitando el desarrollo sosteni­ble. El Acuerdo pretende lograrlo por medio de tres objeti­vos principales: 1) garantizar el derecho de acceso a la in ­formación ambiental; 2) la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia relacionada con asuntos ambientales; y 3) la creación y el desarrollo de ca ­pacidades(Cepal, s. f.). Es importante destacar que el Acuerdo de Escazú es un reconocimiento de que los desa­fíos a los que se enfrenta la región de América Latina y el Caribe se extienden más allá de las fronteras nacionales, lo que hace patente la necesidad urgente de coordinar los es­fuerzos regionales y globales para hacer frente a estos de­safíos polifacéticos. El Grupo de Trabajo Regional Latinoamericano Con este telón de fondo, la FES y el SIPRI convocaron un Grupo de Trabajo Regional de investigadores, ONG y de­fensores de los derechos para debatir sobre estos comple­jos desafíos. El informe pretende generar una voz regional unificada para alertar sobre las formas en que estas diná­micas de violencia profundizan las injusticias ambientales y climáticas. Está estructurado en torno a cuatro temas que se presentaron como las preocupaciones más impor­tantes durante los debates que se dieron en el Grupo de Trabajo: la gobernanza; el extractivismo y los cambios en los usos del suelo; la justicia ambiental y climática, y la protección de la naturaleza y los territorios. Cada tema lle­va un mensaje clave dirigido a un público objetivo específi­co, junto con recomendaciones generales sobre cómo abor­dar las cuestiones de interés. 5 https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/latin-america-wrestles-new-crime-wave; https://www.cambridge.org/core/journals/perspectives-on-politics/article/ militarization-of-law-enforcement-evidence-from-latin-america/03EE3B407BA25D8D2762A7ED3871060E 6 https://www.americasquarterly.org/article/por-que-ya-no-son-los-70-para-las-fuerzas-armadas-en-america-latina/ 7 https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/latin-america-wrestles-new-crime-wave 8 https://www.amnesty.org/en/location/americas/report-americas/; https://www.wola.org/analysis/anti-democratic-trends-human-rights-abuses-covid-19-latin-america/ 66 Friedrich-Ebert-Stiftung e. V.