Los derechos humanos en Latinoamérica: retos ante una promesa incumplida Guillermo Fernández- Maldonado C. El grave deterioro de los derechos humanos debido a la violencia y a la desigualdad es un hecho evidente América Latina, Caribe y Centramérica. De las cincuenta ciudades más violentas del mundo cuarenta y cinco están en nuestro continente. Como señala la Comisión Económica para América Latina y el Caribe(Cepal), la pobreza es la misma de hace una década(27,7%), el 1% de la población concen ­tra el 33% de la riqueza y la protección social es insuficien ­te. La región destaca por el desarrollo normativo-institucio­nal de derechos humanos, pero también por su incumpli­miento. Esto explica que los Estados que aprueban tratados como el Acuerdo de Escazú –el primero en prote­ger a los defensores ambientales– son los mismos donde se cometen el 85% de los asesinatos de estos defensores en todo el mundo(Global Witness, 2024). Tras décadas de gobiernos en democracia, la población siente frustradas sus expectativas, debido a la desigualdad y la desprotección ante la violencia, abusos y corrupción de actores no estatales y del Estado. La mitad no apoya la de­mocracia y la mayoría desconfía de líderes políticos y em­presariales(Corporación Latinobarómetro, 2024). Los gobiernos de izquierda y derecha culpan de sus fallos a sus opositores o a factores externos, y desechan las críticas de derechos humanos. Existe una ofensiva contra las nor­mas de derechos humanos, las instituciones para su pro­tección y las personas que exigen su respeto. Quienes quie­ren acallar sus voces y evitar su accionar –porque menos­caban sus intereses políticos o económicos, legales e ilegales– llevan a cabo agresivas campañas y ataques al sistema institucional. Para lograr su descrédito afirman que se han“ideologizado” y que“favorecen a los criminales”. Los ataques los realizan actores con recursos y poder, aun­que carezcan de legitimidad, como es el caso del gobierno y el parlamento peruanos, con solo el 4% y 3% de aproba ­ción, respectivamente(Instituto de Estudios Peruanos( IEP ), 2025). La protesta social recibe una violenta e indiscriminada re­presión, que viola los estándares internacionales(Chile, Ni­caragua, Perú y Venezuela). Defensores, líderes sociales y periodistas son desaparecidos o asesinados por grupos cri­minales, agentes estatales e incluso empresas(caso Berta Cáceres en Honduras). mas internacionales. Se presenta así a los derechos huma­nos como algo foráneo, utópico y un lujo en momentos de crisis. Si derechos como el acceso a la salud, la educación, el tra­bajo digno, la seguridad o la justicia parecen privilegios –pues solo unos pocos los disfrutan– se debe a que sucesi­vos gobiernos han hecho que el Estado no haya cumplido con sus obligaciones. Estos derechos no son opcionales ni extranjeros, son mandatos constitucionales. Institucionalidad débil La impunidad hace imposible el derecho a la verdad y a la justicia. En muchos países de la región, nueve de cada diez homicidios queda sin esclarecimiento ni castigo por la in­capacidad del Estado(no atribuible a su respeto a los dere­chos humanos). Si vemos el desempeño de instituciones si­milares de otras latitudes, por ejemplo Europa, es evidente que, pese a problemas y fallos, su alta capacidad y eficien­cia para castigar el delito va de la mano con el respeto a los derechos humanos. Las causas estructurales en la re­gión son conocidas: falta profesionalismo, de recursos hu­manos, técnicos y logísticos, de inteligencia civil, la amplia corrupción, entre otros aspectos. Ocuparse de estas causas requiere tiempo y recursos, que los gobiernos suelen dedi­car a medidas populistas no sostenibles. Las normas y mecanismos nacionales de derechos huma­nos pierden su eficacia ante estos incumplimientos del Es­tado. Los sistemas internacionales de protección –también acusados de ser ideologizados o socavar la soberanía– no pueden dar una atención adecuada por sus limitadas atri­buciones y recursos. En un contexto polarizado, se alimentan temores y se ofrece como solución la“mano dura”. El mal desempeño de los es­tados y la espiral de violencia criminal favorecen la acepta­ción de opciones autoritarias, a costa del Estado de derecho y los derechos humanos. Esto ocurre en momentos de gran incertidumbre en todo el globo en el marco de una crisis del multilateralismo y de los derechos humanos. Por ello la de­fensa de los derechos humanos –estándar mínimo de todo ser humano cuya garantía es el principal deber del Estado– es la defensa de la democracia y del estado de derecho. Se plantea la falsa elección entre seguridad y respeto a los derechos humanos, como ilustra un presidente de la región al decir que: hay que priorizar la seguridad sobre los dog­Hoy el autoritarismo es el mayor peligro. La“mano dura” y la militarización de la seguridad multiplica la violencia y la impunidad, como muestra los más de cien mil desaparecidos Las múltiples caras de la seguridad en América Latina. Selección de recursos del Newsletter del Centro Regional sobre Paz y Seguridad 71