en México desde que el gobierno de Felipe Calderón(2006­2012) lo aplicó en 2006. Los autoritarismos tienen en co ­mún el militarizar la seguridad, criminalizar la protesta so­cial, manipular la ley y los poderes del Estado para preser­var el poder, perseguir opositores y críticos, así como limitar la libertad de expresión y de prensa. Se requiere una institucionalidad estatal fuerte, profesio­nal, independiente y con recursos, capaz de cerrar progresi­vamente la brecha de desigualdad y del goce de derechos. Diseñar una estrategia para ello es una tarea colectiva que debiera atender lo señalado por el fallecido exsecretario General de la ONU Kofi Annan: no tendremos desarrollo ni seguridad sin respeto a los derechos humanos. Para alcan­zar este objetivo se precisa tener en cuenta una serie de factores: • Se deben concentrar los esfuerzos de incidencia en quie­nes tienen poder de decisión sobre la situación, priori­zando los problemas y presentándolos con propuestas de solución. El objetivo es convencer de que se adopten medidas de cambio viables y positivas. Existen metodo­logías e indicadores de derechos humanos disponibles. • Las acciones de difusión y sensibilización deben ser sen­cillas, pedagógicas, basadas en hechos y experiencias cercanas y positivas, que prioricen a los más excluidos y que vinculen los derechos a sus necesidades y deman­das. • Es preciso usar propositivamente los informes/recomen­daciones de mecanismos de protección para cada país. Promover su uso innovador, por ejemplo, con consultas confidenciales de gobiernos a relatores especiales sobre abordar una crisis. • No limitar nuestra acción a la crítica y denuncia. Se re­quieren enfoques menos jurídicos y más multidisciplina­rios para participar con capacidad técnica en espacios de planificación y política pública. Tomar contacto e identificar potenciales aliados en todos los sectores y or­ganizaciones sociales, empresariales y políticas. • Se deben crear o fortalecer redes locales, regionales, na­cionales e internacionales para la promoción y protec­ción. También promover en todos los niveles intercam­bios sobre experiencias positivas, desde el Estado y la sociedad, que facilite replicarlas. Referencias Corporación Latinobarómetro. 2024. Informe 2024 La de ­mocracia resiliente. https://inep.org/images/2024/ TXT /Lati­nobarometro-Informe_2024.pdf Global Witness. 2024. Missing voices. The Violent Erasure of Land and Environmental Defenders. Septiembre. https:// globalwitness.org/en/campaigns/land-and-environmen ­tal-defenders/missing-voices/#killed Instituto de Estudios Peruanos( IEP ). 2025.“Informe de opi ­nión de marzo 2025”. https://iep.org.pe/wp-content/ uploads/2025/03/IEP-Informe-de-opinion-marzo-2025-in ­forme-completo.pdf Acerca del autor Guillermo Fernández- Maldonado C . Abogado por la Pon­tificia Universidad Católica del Perú, con maestría en Ad­ministración Pública y doctorado en Derecho ante la Uni­versidad de Alcalá de Henares, España. Con la ONU ha tra­bajado en países con misiones de paz o retos en materia de seguridad como Afganistán, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Perú. Fuente Publicado en junio de 2025 en el Newsletter 21 de la Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente y Sostenible. Disponioble en: https://colombia.fes.de/detail/los-dere­chos-humanos-en-latinoamerica-retos-ante-una-prome­sa-incumplida.html 72 Friedrich-Ebert-Stiftung e. V.