funciones(poderes). Se busca así evitar la no­ción sobre la inevitabilidad(o la conveniencia, de acuerdo a algunas opiniones) de la concen­tración casi absoluta del poder en una de las ra­mas de gobierno, por lo general, la ejecutiva. El funcionamiento apropiado de un esquema más equilibrado y balanceado requiere además que la rama legislativa cumpla a cabalidad sus tres funciones esenciales. Esto es: representar idónea y genuinamente a la ciudadanía que lo elige o a la que repre­senta; legislar con rigurosidad para asegurar la ca­lidad de la legislación(normas); fiscalizar adecuada y efectivamente las ac­tividades del Poder Ejecutivo, en particular en relación a los Ejecutivos y a las tecno­burocracias que a menudo son quienes con­ducen en forma cotidiana el gobierno y la toma de decisiones, tanto a nivel nacional como regional. En lo que hace a la debilidad de la dimensión parlamentaria del bloque MERCOSUR, esta se ha puesto de manifiesto en varios aspectos: la lenta y asimétrica internalización de nor­mas, responsabilidad que no sólo corres­ponde a los Congresos o a la CPC sino que también interpela a menudo la operativa de las cancillerías de la región; la ausencia de una capacidad renovada de accountability integracionista, emergente como corolario lógico y deseable del avan­ce del proceso, sobre la calidad de las ac­ciones y productos emanados de los go­biernos socios plenos y de lo resuelto por los organismos con carácter decisorio de manera más cotidiana(en un funciona­miento de bloque en el que la transparen­cia de información no ha sido a menudo la pauta predominante); la falta de un foro político de relevancia para amplificar y dar dimensión efectivamente regional a la discusión necesariamente pú­blica de aspectos centrales del proceso integracionista. Por otro lado, estudios recientes sobre la temá­tica en América Latina, así como los aquí pre­sentados indican que los Congresos naciona­les de los Estados Partes no están cumpliendo de manera consistente, aunque con variacio­nes, las funciones mencionadas y requieren por lo tanto un esfuerzo de modernización y forta­lecimiento. Esta debilidad de los poderes legis­lativos, que en efecto forma parte de un déficit democrático, se refleja aun más todavía a nivel de los balances de las actividades de los parla­mentos regionales y subregionales. En suma, desde la ejemplificación derivada de la consi­deración del tema parlamentario regional y na­cional, surge la evidencia acerca de que el re­clamo actual por una rediscusión a fondo de la institucionalidad del M ERCOSUR posee múltiples implicaciones de diversa índole: las novedades y propuestas en esta perspectiva se vinculan de modo directo con la renovación de modelos, de agendas y aun de ritmos y profundidades en el proyecto integracionista. Por ello es que no puede sorprender que las cuestiones institucionales provoquen confrontaciones du­ras y simplificaciones descalificadoras. Repitá­moslo una vez más: tras el debate sobre la institucionalidad de un proceso de integración, los actores perfilan sus divergencias más de fondo, de carácter estratégico y estructural. El«déficit democrático» de los procesos de integración La institucionalización de las integraciones parece tender a experimentar grandes dificul­tades para reproducir la tripartición de Pode­res en que ha cuajado en el plano de los Esta­dos–Naciones la búsqueda de la convivencia democrática y del gobierno representativo. Pese a los condicionamientos ineludibles que asignan carácter parlamentario a la gestión de las integraciones, como hemos procurado es­pecificar, aquellas dificultades parecen resul­tar particularmente graves en relación a los órganos parlamentarios de los procesos unifi­cadores. Las instituciones de éstos se defor­man, si las comparamos con el esquema esta­tal consagrado, en aparente beneficio de los órganos ejecutivos y de las funciones guber­namentales(en sentido estricto, por oposición a las parlamentarias). Inclusive la experiencia europea insinúa que antes se implantan, en el 17