consulta y los niveles de participación de la so­ciedad civil, los mecanismos de solución de con­troversias, la fluidez en la difusión de la infor­mación, la transparencia en el funcionamiento cotidiano del bloque y en especial de sus orga­nismos decisorios, la instauración de fórmulas efectivas de accountability en perspectiva re­gional. No se conoce cabalmente la deforma­ción institucional que sufren las integraciones si no se perciben algunas de sus implicaciones; cada una de ellas, por lo demás, relevantes para la fijación de soluciones o conductas correctivas. a. El«déficit democrático» es acumulativo. Su acumulatividad reside tanto en las percep­ciones y los discursos(ya que provoca la sen­sación de autoría en los negociadores y funcio­narios supranacionales ejecutivos y de ajenidad en las figuras parlamentarias o privadas nacio­nales o supranacionales), como en el desarro­llo de tecnoburocracias amplias y eficaces al ser­vicio de los órganos más cargados de respon­sabilidades. De tal modo que, a cierta altura, las iniciativas y las capacidades de tramitación se concentran en órganos de corte ejecutivo(en apoyo, inclusive, de la invasión de esferas par­lamentarias que estos órganos realizan al «parlamentarizarse», como consecuencia de debilidades de los órganos auténticamente par­lamentarios de las integraciones). b. El«déficit democrático» es transitivo, en la medida en que pasa del cuadro de institu­ciones a las normas de la integración(su De­recho Constitucional y su Derecho Derivado) y también a los juicios de la ciudadanía acerca de los rumbos y los impactos de los procesos de referencia. En cuanto a este último punto, aparecen en la opinión pública sujetos y es­tructuras de imputación que involucran la de­formación institucional:«Bruselas»(que es in­contrastable y exenta de control rutinario, no catastrófico),«Europa» o«el MERCOSUR », que deben aceptarse e rechazarse en bloque y no admiten el debate cívico y el ajuste parcial. En tales circunstancias de acumulatividad y transitividad, el apartamiento del diseño demo­crático no resulta de corrección fácil o pronta. En efecto: Los pronunciamientos plebiscitarios (que en los ordenamientos de algunos Estados condicionan la adhesión de ese Estado a nuevos instrumentos constitucionales de una integración) no son aptos para superar el«déficit», ya que recaen sobre textos que involucran muchas otras cuestiones, lo que lleva­ría a rechazar un acuerdo conveniente por otros aspectos en razón de que no cumplen dicha superación. En otros tér­minos, se crea una situación de tener que aceptar muchas consecuencias indesea­bles para alcanzar una deseable(«arrojar el niño junto con el agua de la bañera»), de donde usualmente se desprenden con­ductas de optar por evitar las primeras y desechar el logro de la última. Los Parlamentos nacionales no pueden bloquear la internalización de normas de la integración y ejercer otros«vetos» con el propósito de obtener la rectifica­ción del desequilibrio ejecutivista; este mismo desequilibrio, en la práctica, ope­ra contra la autoridad y el prestigio de aquellos Parlamentos en materia de in­tegración. Mal puede bloquear quien está constreñido al«seguidismo», quien se en­cuentra debilitado en sus condiciones de decisor. La única vía conducente es, en­tonces, la realización del cogobierno de la integración; cogobierno que estriba en los propios acuerdos básicos y se amplifica o reduce en la práctica. Cuanto más tarde esto ocurra y se regularice en un proceso, más difícil será la inversión del desequili­brio. Una vez más, las integraciones mues­tran su ineludible carácter parlamentario, su esencia legislativa, la necesidad de me­canismos de consulta y participación am­pliados, que incorporen e involucren a los actores de la sociedad civil. La participación social en los procesos de integración La participación social, en el nivel que nos ocu­pa, puede ser definida como un conjunto orga­nizado de acciones tendientes a aumentar el 19