talecen los discursos de emergencia. 3. Desarrollo de un mercado de consumo en relación con el rubro seguridad. Diagnóstico de la situación: a. Las prácticas institucionales en los tres segmentos son funcionales a un tipo de Es­tado: permanente tensión entre un estado de derecho vs. un estado policial(la legis­lación de emergencia es propia del estado de policía): si las leyes aprobadas se toman como indicadores del avance o el retroce­so de los modelos de Estado, para pensar a este gobierno se puede tomar la idea de que la ley de humanización fue una apuesta al estado de derecho y el proyecto de ley de procedimientos policiales fue una apuesta a fortalecer(o respaldar prácticas) facetas negativas del estado autoritario. b. La doctrina de la seguridad ciudadana se entiende como una doctrina que responde a un producto fabricado explícitamente, se cuestiona que esta sea la única vía para continentar el aumento de los delitos. c. La izquierda históricamente ha reivindica­do la necesidad de elevar los niveles de las garantías de los ciudadanos, teniendo iniciativas tales como la legislación en me­didas alternativas a la prisión; ley de proce­samiento sin prisión. d. Cualquier medida tiene efectos emergen­tes no deseados, por ejemplo la ley de pro­cesamiento sin prisión tuvo como conse­cuencia, que ahora se procese gente que antes no era procesada. e. Independencia judicial interna y externa: El sistema judicial es permeable a la pre­sión interna a través de mecanismos como ascensos, traslados que encubren sancio­nes, etc. Y es permeable a la externa. Por ejemplo. Negativa Ministro Díaz caso Dan­cotex y su conversación con la Suprema Corte de Justicia. Pueden verse algunos cambios de perspectiva en las decisiones judiciales, en función de la perspectiva del gobierno de turno, por ejemplo: cambios asociados a la aplicación de ley de cadu­cidad. En otros casos, la Justicia se resiste a las presiones, por ejemplo: discusión ac­tual con la Ministra del Interior relativa a la concesión de libertades anticipadas. f. La izquierda en el poder ha sido«puniti­va»(ej. tipificación reventa de entradas, represión policial a la protesta, algunas iniciativas legislativas que aún no se han sancionado, etc.). Este diagnóstico puede ser consecuencia de una asunción relati­va a que«el garantismo es de izquierda» (o progresista), lo que parece apresurado. El garantismo es un producto teórico libe­ral, uno de cuyos ejes es la democracia representativa y los derechos individuales entendidos en términos de libertades ne­gativas. En defensa de los derechos de los imputados, las corrientes teóricas garan­tistas(minimalistas, etc.) y las corrientes políticas progresistas suelen coincidir en su oposición a la ya probada selectividad penal en lo social. Pero esa coincidencia no es fácil de mantener cuando el impu­tado es«un poderoso»,«un represor»,«la violencia doméstica», por ejemplo. Principales cuestionamientos al sistema provenientes de la teoría crítica: 1. El sistema penal cancela el problema(con­flicto) y no lo resuelve. Más bien, redefine el conflicto, que pasa de ser un conflicto entre dos individuos a ser un conflicto en­tre uno de esos individuos(el imputado) y el Estado. 2. Selectividad del sistema, focaliza la aten­ción en los grupos vulnerables: pobres, jóvenes, minorías, etc. 3. El discurso de legitimación tradicional de la actividad judicial habilita a que el juez se pueda sentir independiente, pueda sen­tir que esta siendo objetivo y, por lo tanto, que está administrando justicia. Esto tam­bién opera como fuente de seguridad para la población, que quiere estar protegida contra la discrecionalidad del sistema(la idea del juez neutral es tranquilizadora). Pero ello obtura la posibilidad real de res­13