FES BRIEFING ¿TODOS LOS APORTES IMPORTAN? Una lectura en clave de género de la Reforma de la seguridad social Paola Azar Marzo 2023 RESUMEN El proyecto de reforma al sistema previsional uruguayo –apro­bado por el Senado en diciembre de 2022– dispone cambios al monto y duración de las prestaciones otorgadas, y la conver­gencia de las reglas que rigen para distintas Cajas. Entre otras dimensiones, la propuesta soslaya la agenda en torno a la equidad de género. Sin embargo, tanto la historia de contribu­ciones como la acumulación de derechos jubilatorios están condicionadas por: brechas de empleo y de salario, de dura­ción de la jornada laboral, y de responsabilidades de cuidado entre varones y mujeres. Estos aspectos inciden en la financia­ción del sistema y en el alcance de la protección que otorga. Entonces, ¿qué transforma –y que no– una reforma que no contempla ni la persistencia ni los efectos de las desigualdades de género? Este brief ofrece algunas pistas y señala parte de las tensiones que se acentúan con el proyecto en discusión, a modo de contribuir al debate público. 1. EL PROCESO DE REFORMA PREVISIONAL PROPUESTO El sistema previsional uruguayo, principal componente del sis­tema de seguridad social, es uno de los primeros y más avan­zados en el continente, parte fundamental de la matriz de protección social del país(Filgueira, 2006; Papadópulos, 1992). En la actualidad, cubre a casi la totalidad de la población ma­yor a 65 años e implica una inversión de recursos que repre­senta alrededor de 11% del Producto Interno Bruto( PIB )(Mon­tt et al., 2021). Como sucede con todos los sistemas de seguridad social contributivos del mundo, la mayor expectati­va de vida sumada a la extensión de nuevas formas de empleo –que en gran medida implican cotizaciones menores y/o dis­continuadas– instala fuertes desafíos. Los retos afectan tanto el alcance de la protección en el largo plazo como la sostenibi­lidad de la relación entre prestaciones y financiamiento. Preci­samente, con foco en las previsiones sobre los desequilibrios financieros del sistema en los próximos 20 años, el proyecto del gobierno –aprobado por el Senado a fines de diciembre de 2022– propone limitar el aumento de los fondos destinados a tal fin. 1 Para ello, se plantean cambios que afectan, exclusiva­mente, el monto y duración de las prestaciones previsionales otorgadas y se procura la convergencia de las reglas que rigen para diferentes Cajas o subsistemas estatales(Banco de Previ­sión Social­BPS , Caja Militar y Policial) y paraestatales(Caja Bancaria, Notarial y Profesional). En las condiciones actuales del sistema existe consenso en que se necesitan cambios que aseguren un financiamiento estable, que no comprometa el futuro de las prestaciones ni se convierta en una carga insostenible para el presupuesto estatal. Sin em­bargo, la propuesta en discusión únicamente procura modificar la cobertura y/o el nivel de prestaciones. Como se ha destacado en el debate público, no se revisan otras fuentes de financia­miento, incluso, cuando se ha calculado que la modificación de diversos regímenes especiales y exoneraciones de aportes pa­tronales permitirían cubrir los desbalances financieros( ICD , 2022a; 2022b). Tampoco se propone un abordaje integral del problema, que abarque al sistema de seguridad social en su conjunto. Como resultado, no se reconoce que el componente previsional es parte de una política más amplia de protección social y de redistribución del ingreso entre generaciones, que incide fuertemente en las condiciones de bienestar que puede alcanzar la población pasiva y activa(Montt et al., 2021). Entre los componentes omitidos en la discusión pública, las propuestas soslayan las agendas articuladas en torno a la equi­dad de género. Los argumentos discutidos dan por desconta­das las desigualdades entre varones y mujeres en el mercado de trabajo, en los hogares, en las familias, en el acceso a la protección social, no se cuestionan el impacto de las nuevas medidas sobre ellas, ni proponen revertirlas. Sin embargo, la perspectiva de género constituye un instrumento muy potente para identificar las tensiones que pueden generar los cambios propuestos y las tareas pendientes hacia el fortalecimiento del sistema previsional en el largo plazo. 1. Las proyecciones sobre el creciente desequilibrio entre ingresos y egresos del sistema de seguridad social pronostican que entre 2030 y 2090 la asistencia financiera del Gobierno Central para mantenerlo en funcionamiento pasará de 1,1% a 4,3% del PIB, lo que tendrá un fuerte impacto sobre el gasto público(ICD; 2022b).