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Yo participo, tú participas, otros deciden : la participación ambiental en Colombia
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Yo participo, participas, otros deciden: la participación ambiental en Colombia 332 goce efectivo de los derechos desde una visión integral del territorio, que per­mita el desarrollo social y económico, la sostenibilidad ambiental y la cons­trucción de una paz estable y duradera en Colombia. Lo anterior asumiendo que el futuro sostenible es una responsabilidad de todos y, como tal, las decisiones al respecto no pueden ser tomadas al margen de las comunidades, sino que se deben incluir y brindar espacios de delibera­ción y decisión que permitan lograr esta tarea común. H acia una participación decisoria De esta manera, la participación significa también darles efecto a las opi­niones expresadas. En consonancia con lo anterior, la Corte Constitucional ha desarrollado lo atinente al derecho en mención, entre otros, en los casos en que tiene lugar el diseño de megaproyectos. En efecto, el alto tribunal ha estudiado el derecho a la participación de los grupos de población que poten­cialmente pueden verse afectados por la realización de un proyecto de tal ín­dole, lo cual constituye una de las maneras en las que el Estado puede y debe prevenir que visiones delinterés general impliquen graves afectaciones en los derechos de las personas. En ese contexto, la protección de los derechos fundamentales de los grupos vulnerables debe ser garantizada y asegurada su participación plena en el proyecto que impactará diversas formas de vida (Corte Constitucional, T-361 de 2017). A lo largo del presente texto se ha podido ver la importancia de la inci­dencia social en la gestión ambiental. No obstante, si se revisan los mecanis­mos existentes, las decisiones terminan siendo tomadas ya sea por un juez o por una autoridad. Lo anterior muestra, como lo asegura Castro-Buitrago (2011), que no obstante las buenas intenciones de la política e inclusión de la Carta constitucional como gran directriz de esta, los servidores públicos permanecen anclados en las tradicionales formas inflexibles e impositivas de administrar los asuntos públicos. Esto ha imposibilitado tomar decisiones ambientales en las que se tengan en cuenta todas las expectativas, preocu­paciones y sugerencias de los sectores involucrados, que tengan en cuenta