ANÁLISIS El nuevo“consenso minero” en Ecuador: Discursos y prácticas contradictorias El caso del Macizo del Cajas N ATALY T ORRES G UZMÁN N OVIEMBRE 2018 En agosto de 2018, la Corte Provincial del Azuay dictaminó la suspensión del proyecto minero Río Blanco en respuesta a la petición de medidas de protección interpuesta por habitantes de la parroquia Molleturo, perteneciente al cantón Cuenca, provincia del Azuay. Entre 2016 y 2017, con la re-apertura del catastro minero, el gobierno ecuatoriano anunció concesiones por más de 2’657.000 hectáreas, que representan el 11% del territorio nacional. Estas concesiones interactúan con el sistema nacional de tierras protegidas, los ecosistemas de particular interés para la conservación y los territorios de pueblos indígenas. Los proyectos mineros más avanzados ya han provocado graves consecuencias: violencia y atropellos; deforestación y contaminación de ríos; desalojo violento de familias, niños, niñas e incluso ancianos y personas enfermas; destrucción del patrimonio arqueológico; ocupación de la fuerza pública en comunidades campesinas e indígenas, entre otras. Así, la apertura minera en Ecuador ha provocado la explosión de conflictos socio-ambientales que tienen como protagonistas a organizaciones indígenas y campesinas pero también a organizaciones ecologistas de la ciudad. Estos actores han desarrollado formas de movilización y participación diversa y creativa, posicionando en el debate público la defensa de la naturaleza, los territorios y la vida. En este contexto: ¿Qué consecuencias han traído los movimientos del capital minero en Ecuador en el nuevo ciclo político-económico?, ¿qué papel ha tenido el gobierno en la promoción de la minería metálica?, ¿qué estrategias deben tomar las organizaciones de la sociedad civil para resistir al avance del modelo minero primario exportador en los territorios? Estas son algunas de las preguntas que se abordarán en este documento.