Estudio de Caso-“Inversión extranjera directa y solución de controversias” Germán Alarco/ César Castillo El segundo caso es la demanda que presentó Phi­llip Morris International(PMI) ante el CIADI contra el Uruguay el 2010. La empresa afirmaba que Uruguay con sus medidas antitabaco implan­tadas en 2006 violaba el TBI Uruguay-Suiza. Esto debido a que el presidente de Uruguay pro­movió la creación de una Ley para desalentar el consumo de cigarrillos en la población. Esta norma promovía que la tipografía que se utilizara para las cajetillas de cigarros sea la misma en todos los casos, sin colores ni otro elemento gráfi­co que las distinga con excepción de la marca. PMI solicitó el pago de US$ 25 millones al consi­derar que las políticas antitabaco perjudicaban comercialmente a la empresa. El falló salió a favor de Uruguay y por ello PMI tuvo que pagar US$ 7 millones. Cargill, proveedor de productos y servicios ali­menticios de agricultura, financieros e industria­les a nivel mundial, demandó el 2004 a México por introducir un impuesto sobre el jarabe de maíz de alta fructuosa. La empresa señaló ante el CIADI que sus inversiones en la industria del jarabe de maíz habían sido afectadas negativa­mente por la adopción de esta medida desde el 2002. La reclamación se basó en que el Congreso Federal mexicano estableció un impuesto del 20% a las bebidas que utilizaran edulcorantes no elaborados con caña de azúcar(CIADI, 2008). Luego del proceso de arbitraje México se vio obligado a pagar US$ 90 millones. La demanda de Tampa Electric contra Guatemala el 2010 se debió a la introducción de una ley que pretendía rebajar los precios de la electricidad para facilitar el acceso de sus ciudadanos a servi­cios básicos. Este reclamo terminó con un fallo a favor de la empresa, con la cual el gobierno guate­malteco tuvo que pagar US$ 25 millones. Esta disputa surgió, según la empresa, por la afecta­ción que el marco regulatorio guatemalteco le generó a propósito de los criterios establecidos por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica para la determinación de las tarifas de distribu­ción de energía a la Empresa Eléctrica de Guate­mala S.A., sociedad distribuidora de electricidad en la cual el Tampa Electric tenía una participa­ción indirecta. El caso Burlington Resources contra Ecuador se refirió a la explotación petrolera de la empresa que afectó los derechos de pueblos indígenas de la Amazonia ecuatoriana, generando impactos en la salud pública, la protección del medio ambien­te y el orden público por conflictos violentos a propósito de las actividades de la empresa. La firma que tiene sede en EE.UU. inició su deman­da contra Ecuador alegando incumplimiento por parte del gobierno para proteger sus operaciones de la oposición indígena local; además por su oposición al gobierno para aumentar los niveles de participación pública en los contratos de pro­ducción compartida. En una decisión inicial el tribunal redujo su autoridad a las reclamaciones de expropiación bajo el TBI EE.UU.-Ecuador. Esta demanda involucró disputas similares a las que iniciaron otras empresas, como por ejemplo en el conocido caso Chevron contra Ecuador que ha motivado una campaña internacional por parte de la empresa contra Ecuador y viceversa, siendo que la justicia ecuatoriana condenó a la petrolera a pagar US$ 9,000 millones por daños probados al ambiente en el país en una zona con la mayor biodiversidad del planeta. VI.3 Propuestas para compatibilizar el trato a la inversión y los Derechos Huma­nos Las tensiones que surgieron de las demandas planteadas por los inversores extranjeros contra 52