Estudio de Caso-“Inversión extranjera directa y solución de controversias” Germán Alarco/ César Castillo demandas ascienden a US$ 5.7 mil millones y 15.5 mil millones respectivamente. 24. El sector de actividades extractivas(petróleo, gas y minería) es el que suma la mayor cantidad de procesos concluidos para el conjunto de países de la región. Perú concentra la mayor cantidad de casos de este tipo(4 procesos). El segundo sector es el de transportes y construcción. El Perú con­centra aquí 5 procesos de arbitraje en el sector construcción y 1 en el sector construcción. En Chile, se tiene un proceso de arbitraje relacionado con actividades de transporte y otro al sector cons­trucción. Asimismo, Perú es el único país en el que se presentan procesos de arbitraje relaciona­dos con las inversiones en el sector de generación de energía eléctrica. 25. Los principales motivos para iniciar un proce­so de arbitraje fueron las denuncias por abuso en el cobro de impuestos, regalías, aumentos indis­criminados en las tasas arancelarias o incremen­tos en los costos regulatorios(abusos fiscales o regulatorios). El segundo motivo fundamental es el incumplimiento de los contratos por anulación o aumento en ciertos cobros estatales o del conve­nio de inversión. A su vez, algunos demandantes aseguran que los gobiernos denunciados los some­ten a un trato discriminatorio frente a sus compe­tidoras o que ejercen intervenciones de tipo arbi­traria en el desarrollo normal de sus actividades de inversión. 26. En la medida en que se han privatizado los bienes públicos han surgido los conflictos entre los sistemas de protección de inversiones y los Derechos Humanos. En el documento se reseñan algunos conflictos destacando los relativos al agua. Asimismo, se incorporan otros casos para­digmáticos como: Vatenfall contra el Estado Ale­mán, Phillip Morris contra Uruguay, Cargill con­tra México, Tampa Electric contra Guatemala y Burlington Resources contra Ecuador. 27. Alemania afrontó dos demandas en el CIADI por parte de la empresa Vattenfall. La primera consistió en solicitar una indemnización debido a la demora de los permisos para construir y operar una central térmica de carbón en Hamburgo, dado que los habitantes locales se opusieron al estable­cimiento de esta. La segunda demanda fue como resultado de las modificaciones del plan energéti­co Alemán tras el desastre de Fukushima en Japón el 2011. El proceso de reversión de esta política energética se debió al reclamo de la población. La demanda que presentó Phillip Morris Internatio­nal contra el Uruguay señalaba que las medidas antitabaco implementadas violaba el TBI Uru­guay-Suiza. Cargill demandó a México por intro­ducir un impuesto sobre el jarabe de maíz de alta fructuosa. La demanda de Tampa Electric contra Guatemala se debió a la introducción de una ley que pretendía rebajar los precios de la electrici­dad para facilitar el acceso de sus ciudadanos a servicios básicos. El caso Burlington Resources contra Ecuador se sustentó en la falta de protec­ción las operaciones de la empresa ante la oposi­ción indígena local; además se opuso a las medi­das del gobierno para aumentar los niveles de participación pública bajo contratos de produc­ción compartida. 28. Los conflictos entre la protección de inversio­nes y la salvaguarda de los Derechos Humanos ha abierto una discusión en el Consejo de Derechos Humanos(CDH) de las Naciones Unidas en cuan­to a la elaboración de códigos vinculantes para las empresas transnacionales(ETN) relacionadas a Derechos Humanos. En 2014 se aprobó la resolu­ción 26/9 para elaborar un instrumento global legalmente vinculante sobre las inversiones extranjeras y otras empresas comerciales con respecto a los Derechos Humanos. 61