ENCUESTA DE CULTURA POLÍTICA A N Á L I S I S D E R E S U L T A D O S 145 7. Conclusión: la política en el cuerpo de las mujeres El debate público en la República Dominicana ha in­corporado algunos elementos retóricos en torno a la igualdad de las mujeres. Esto se refleja en la virtual unanimidad del apoyo a la autonomía de su cuerpo, su participación en la política y en el mercado de tra­bajo, la división de las responsabilidades del hogar y la condena a la violencia contra las mujeres. Ahora bien, las opiniones“políticamente correctas” coexisten con una sociedad abiertamente hostil ha­cia las mujeres. Las ideas“benignas” acompañadas de prácticas conservadoras es un reflejo de una actitud paternalista que es visible en la élite política, intelec­tual, religiosa y empresarial. La actitud combina ele­mentos retóricos que reconocen la existencia de un problema de violencia y discriminación contra las mujeres, con la ausencia de políticas dirigidas a en­frentar las causas estructurales de la situación. Las campañas contra el feminicidio y la violencia contra las mujeres pasan de largo frente a un poder que niega el derecho a interrumpir el embarazo como parte de la política de salud pública. Más aún, la validación pública de organizaciones que han promovido la misoginia con­trasta con la virtual ausencia de partidos políticos que asuman expresamente la equidad entre hombres y mu­jeres como un objetivo político. A pesar de que casi uná­nimemente la sociedad dominicana expresa su apoyo a la participación de las mujeres en la política y en el mer­cado laboral, la equidad en la distribución de las tareas del hogar, etc. la realidad es que las mujeres siguen sien­do excluidas de los espacios de poder y decisión, y sujetas a violencia sistemática en su vida pública y privada. Uno de los temas cruciales sobre la situación de las mu­jeres es la prohibición del aborto. Un porcentaje muy alto, seis de cada diez personas, rechaza el derecho a interrumpir el embarazo en cualquier circunstancia. Esto invita a evaluar cómo se ha desarrollado la lucha en favor de los derechos sexuales y reproductivos. Lo que predomina en el debate es que el aborto cons­tituye un delito planteado sobre la base de hipótesis extremas: decidir entre derechos contradictorios(los de la madre y los derechos del feto). El dilema de ele­gir entre dos vidas lleva a un sector a argumentar una excusa legalista para eximir de responsabilidad a las mujeres en casos extremos. Al plantearse en esos tér­minos el aborto se admite como un mal necesario en algunos casos, con lo cual desaparece la posibilidad de reconocimiento de la interrupción del embarazo como una expresión de la libertad individual y los de­rechos reproductivos de la mujer. A pesar de que la defensa al aborto en términos retó­ricos se enuncia como un derecho de la mujer, los de­bates y propuestas jurídicas en concreto se enmarcan en el dilema planteado con anterioridad en el que se equipara el aborto al“derecho a la legitima defensa” y no como una política pública de salud de atención integral al embarazo, dirigida sobre todo a las mujeres empobrecidas que son las que se ven obligadas a prac­ticarse abortos inseguros. En el análisis precedente se ve que los principales fac­tores que inciden en el apoyo al aborto son: región, po­sición sobre educación laica, religión y color de piel. En menor medida también el nivel educativo, pertenecer o mantener vínculos con organizaciones políticas o comu­nitarias y el ingreso. A partir de lo que se ha discutido, el activismo en favor de los derechos sexuales y reproduc­tivos se ve desafiado a promover la organización política de las mujeres, el acceso a la información y el conoci­miento, y un debate público profundo sobre el papel de la religión y la laicidad en el Estado y la sociedad. En la textura de la negativa a aceptar el derecho a in­terrumpir el embarazo se encuentra un moralismo que presenta como de sentido común las posiciones más conservadoras de las iglesias. Se hace ineludible desafiar el confesionalismo de la política dominicana. En particular enfrentar a los actores políticos que lo promueven o lo toleran. Lo fundamental es identificar los derechos sexuales y reproductivos como aspectos de la libertad sexual individual, y tratar la temática desde una perspectiva política partisana. Por otro lado, la construcción de un proyecto político de­mocrático comprometido con la igualdad de mujeres y hombres, así como con la garantía de los derechos sexua­les y reproductivos no puede sustentarse en la creencia de que la subjetividad social de las mujeres es en sí mis­ma portadora del cambio. Entre las mujeres existen pa­trones de opiniones muy similares a los de los hombres. La ciudadanización es un proceso de identificación polí­tica que implica organización y lucha partisana. Como se ha visto son las personas organizadas políticamente las que son más receptivas al activismo por los derechos de las mujeres. Es así que el primer obstáculo para la lucha por esos derechos es el bajo grado de vinculación de las mujeres con organizaciones políticas. La clave para las demandas de las mujeres está en su planteamiento con carácter partisano que busque abrir espacios orgánicos de participación política femenina.