El Salvador se encuentra inmerso en un contexto complejo que está marcado por profundas amenazas de retrocesos en materia de derechos humanos, democracia y Estado de Derecho. Ante esta situación, es urgente la adhesión al Acuerdo de Escazú, porque su implementación crearía condiciones para fortalecer indicadores de gobernabilidad democrática y gobernanza social territorial en materia de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales.