La situación fiscal en El Salvador es preocupante y se deriva de problemáticas estructurales e históricas; no obstante, el manejo de estas por parte de la administración pública bajo el mando de Nayib Bukele, en lugar del establecimiento de medidas para el financiamiento y la estabilización de las finanzas públicas, ha colocado al país en una situación aún más adversa. Una de estas medidas ha sido la decisión de la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal, lo cual fue, además de una decisión sin la debida consulta pública, una medida implementada sin un plan técnico y político que la sustente, o, al menos, sin un plan que sea del conocimiento público. Esta decisión incluso ha colocado al país, entre otras cosas, en una situación de incertidumbre con relación a las negociaciones con instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional.