uno de los panoramas laborales más rezagados que afectan principalmente al género femenino. La presidenta Michelle Bachelet asumirá el máximo cargo del país con un gabinete equitativo entre hombres y mujeres, en medio de cifras lastimosas para las féminas. La falta de empleo, la desigualdad, violencia y pobreza, ha generado que el fenómeno de la migración en América Latina se haya'feminizado' y en la actualidad más de la mitad de las remesas de los emigrantes latinoamericanos son de mujeres. Las mujeres emigran porque en sus países no tienen oportunidades.( Argenpress, 09/03/06) texto completo da nota: www.argenpress.info/nota.asp?num8515 El acuerdo que ata al Uruguay a las multinacionales papeleras Laura Vales Botnia, la compañía finlandesa que levanta la megaplanta de procesamiento de pulpa de madera en el Río Uruguay, impuso un acuerdo de protección de inversiones entre Finlandia y Uruguay, como condición para instalarse en territorio uruguayo. Fue en el año 2002, durante la presidencia de Jorge Batlle, antes de que la empresa iniciara las obras de construcción. En las formas, es un convenio para la protección de las inversiones de cada país en el otro, en un tono de reciprocidad. Los artículos más cuestionados del Acuerdo de Protección de Inversiones Uruguay-Finlandia fueron el 5, 6 y 9. Ellos norman: - Que las inversiones no podrán sufrir expropiaciones directas ni indirectas(la figura de "expropiación indirecta" es una novedad). - Que el Estado deberá indemnizar las pérdidas por manifestaciones o revueltas. - Que en caso de controversia, las empresas podrán saltearse los juzgados nacionales y llevar el tema a tribunales internacionales, según les parezca. La oposición al Acuerdo fue encabezada por el Frente Amplio, que cuestionó el daño al medio ambiente y que se otorgara a las empresas la facultad de elegir, en caso de diferendos, al tribunal arbitral. Según parlamentarios del FA el concepto expropiación indirecta podría trabar por ejemplo una futura reforma tributaria. Especialistas consultados por Página/12 coinciden en que el punto más perjudicial es el que permite a las empresas saltearse la Justicia uruguaya, por la desprotección que eso implica para los ciudadanos. Si una controversia entre las partes no es resuelta de manera amistosa en el término de seis meses, dice el Acuerdo,"la misma, a criterio del inversor", podrá ser llevada a un tribunal arbitral internacional. El texto pone como opciones la Corte Internacional del Centro para la Solución de Controversias(CIADI) y un cuerpo ad hoc que tome las normas de Naciones Unidas. ¿Qué pasaría en el caso de que el gobierno de Tabaré quisiera, a pedido de la Argentina, modificar el funcionamiento de las plantas papeleras? ¿Podría el convenio impedir la suspensión de las obras por 90 días, como intenta acordar Buenos Aires con Montevideo? No está tan claro. "Pero en principio –señalaron los consultados–, cualquier cambio en las condiciones en las que se pautó inicialmente la inversión puede hacer que las firmas se consideren con derecho a reclamar." El Acuerdo fue denunciado por el fiscal uruguayo Enrique Viana en su demanda contra el Ministerio de Vivienda por haber autorizado la instalación de las fábricas. El fiscal apuntó allí un dato agravante: Botnia y Ence tendrán dos zonas francas."Se constituyen así verdaderos enclaves extranjeros privados: áreas cercadas y aisladas eficientemente". El convenio debe ser puesto en un contexto más amplio: el de los avances del poder de las empresas transnacionales sobre los países periféricos. Firmados a partir de la década del’90, no sólo Uruguay si no también la Argentina tiene convenios de este estilo. Son una de las nuevas formas de dependencia económica, que subordina las leyes locales e incluso los instrumentos básicos del derecho internacional. 8