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Retos y desafíos de la policía en contextos de transición hacia la paz
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Formación policial y seguridad ciudadana ¿Cómo mejorar el servicio de policía? 44 exigencias del contexto. Finalmente, se discuten algunas consideraciones sobre un modelo de formación policial orientado a la modernización insti­tucional y al mejoramiento del servicio de policía. S eguridad ciudadana y cuerpos de policía : desafíos de la modernización Las dinámicas actuales, locales e internacionales, de convivencia y segu­ridad ciudadana, presentan un panorama complejo y fluctuante. Su enten ­dimiento requiere miradas comprensivas e integrales, y su gestión necesita una revisión profunda de todos los actores sociales comprometidos con ella(De la Corte, 2010). Desde una perspectiva internacional y globaliza­da, la convivencia y seguridad ciudadana se sitúa en el marco de escena­rios sociales cada vez más interconectados económica y socialmente, en los que las relaciones son mediadas en gran parte por nuevas tecnologías de la información y comunicación así como por la movilización y protesta social. Se caracteriza también por el impacto directo o indirecto de crisis económicas y humanitarias derivadas de conflictos armados locales y re ­gionales. Se observan flujos migratorios, violaciones graves y recurrentes de derechos humanos y, adicionalmente, el fortalecimiento y emergencia de economías ilegales como el narcotráfico, el contrabando, la piratería, la trata de personas, entre otros, a cargo de estructuras criminales locales y trasnacionales(Europol, 2013). Para el caso de Colombia, estas tendencias internacionales interac­túan además con unas condiciones propias de la historia y el desarrollo del país, que generan una configuración específica de sus condiciones de convivencia y seguridad ciudadana. Se resalta la existencia prolongada de un conflicto armado interno, la presencia de bandas criminales organiza ­das(denominadas Bacrim) que emergieron o se fortalecieron luego del proceso de desmovilización paramilitar, la prevalencia de economías ile­gales relacionadas con el narcotráfico, la minería ilegal, el afianzamiento de otras rentas ilegales como la extorsión, y, en general, la delincuencia co­mún, que afectan los niveles de victimización ciudadana(Ávila y Castro, 2015). Fenómenos que se presentan, además, en un escenario donde las instituciones del estado no logran garantizar condiciones de convivencia y seguridad ciudadana, lo cual es aún más agudo en el sector rural(Bello­Montes, 2014; Velásquez, 2015).