De la seguridad en la guerra a la seguridad para la paz 192 Si bien es claro que el caso colombiano es muy distinto de esas expe­riencias, en el escenario actual hay argumentos contundentes que invitan a animar y reanimar el debate sobre cambios en la política pública y en la ins­titucionalidad de seguridad. En este documento examinamos dos de estos asuntos, que consideramos de la mayor importancia en el escenario actual. Primero, el desafío que representa el vacío de seguridad crónico que hay en zonas rurales y periféricas, sobre todo de cara al crimen organizado que, tal y como está en muchas áreas del país, podría convertirse en un saboteador del posconflicto. Hoy por hoy, en extensas áreas de la periferia se observa que estructuras preexistentes de crimen y violencia asociadas a economías criminales(drogas ilícitas, minería criminal, contrabando, et­cétera) se reproducen y podrían incluso empeorar con el vacío de poder que dejen las Farc al desmovilizarse. Es previsible que algo similar suceda con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) , en caso de que no logremos un cierre global del conflicto que incluya a este grupo, así como con el remanente del EPL (Ejército Popular de Liberación) enquistado en la zona del Catatumbo. Segundo, la precaria atención que históricamente han recibido las pro­blemáticas que afectan la seguridad y convivencia ciudadanas. Por años, el estado colombiano ha estado enfocado sobre todo en enfrentar las grandes amenazas a la seguridad nacional: insurgencia, paramilitarismo y narcotrá­fico a gran escala, logrando en la última década avances sin precedentes en su contención y en la transformación del escenario estratégico. Con todo, una de las grandes agendas pendientes sigue siendo la de la prevención del crimen y la resolución de las problemáticas y los con­flictos que afectan a los ciudadanos en su cotidianidad. Se trata de una agenda amplia que implica a muchos otros actores diferentes de la fuerza pública, que requiere de un liderazgo activo de los alcaldes en conexión con la policía y la justicia, y que demanda una alta dosis de coordinación entre diversas instituciones así como una mayor participación de las co­munidades. El cierre del conflicto armado, así sea parcial, brinda una gran oportunidad para abrirle espacios institucionales y alternativas de política a la seguridad y convivencia de la gente, frente a un enfoque que ha sido apabullantemente militar y policivo, en función, precisamente, del conflic ­to armado y su entremezclamiento con el narcotráfico. Este texto brinda elementos para la discusión sobre el tipo de enfoques de política y, en particular, de arreglos institucionales que se requieren