María Victoria Llorente • Patricia Bulla • Claudia Gómez 193 para enfrentar el déficit de seguridad en la ruralidad colombiana, lo cual se aborda en la primera parte, y en materia de seguridad ciudadana, que se analiza en la segunda, junto con la cuestión de qué hacer con la policía. Para el efecto presentamos una serie de opciones a corto y mediano plazo, relacionadas con las capacidades de la fuerza pública y que plantean ajustes institucionales. Más que presentar una propuesta, esbozamos alter­nativas e intentamos identificar los puntos de tensión y las disyuntivas que enfrenta el ejecutivo al momento de tomar decisiones de reforma en este campo, particularmente en la coyuntura actual del país, de transición del conflicto armado a la paz. R espondiendo al déficit de seguridad rural Es bien sabido que la presencia del estado colombiano en los territorios es desigual, concentrándose principalmente en las grandes ciudades y cabeceras municipales, mientras que está ausente en vastas zonas de la geografía nacional. Esta situación es notoria en las zonas afectadas por el conflicto armado, donde es evidente su incapacidad para hacer cumplir la ley, tramitar los conflictos de la ciudadanía y promover un orden social ba ­sado en derechos y pautas de convivencia. Total, en la periferia colombia­na hay múltiples órdenes sociales que compiten con o sustituyen al estado de derecho, el cual, según García y Espinosa(2013), no está consolidado en 60% del territorio nacional, donde habitan por lo menos seis millones de personas. Sumado a esto, en las zonas rurales donde las guerrillas y diferentes organizaciones al margen de la ley han tenido una fuerte presencia, el esta­do ha enfatizado la confrontación contra estas estructuras de acuerdo con una lógica contrainsurgente y de guerra. En esta medida, la seguridad allí se asimila al control militar y policial, mientras que las problemáticas co­tidianas de seguridad y convivencia que afectan a la ciudadanía ocupan un lugar secundario o marginal. Entre tanto, la justicia formal, como pilar de la regulación social, presenta un déficit crónico en la ruralidad colombiana, déficit que se agudiza en las zonas de presencia histórica de las guerrillas (García y Espinosa, 2015; Vélez et al., 2016). En la práctica, esto ha tenido algunas consecuencias: primero, llevó a la desatención de las necesidades de seguridad y convivencia más próximas