De la seguridad en la guerra a la seguridad para la paz 216 Esta opción permitiría cambiar el enfoque a partir del cual la Policía Nacional se aproxima a los problemas de orden público y algunos fenóme­nos de inseguridad, porque implicaría una ruptura con las prácticas tradi­cionales de seguridad y defensa nacional. Al mismo tiempo, podría generar un mayor riesgo de politización de los asuntos propios de funcionamiento del cuerpo de policía, situación que tiene su antecedente en la politización de los cuerpos departamentales de policía a mediados del siglo pasado. C onclusiones y consideraciones finales La firma de los acuerdos de paz plantea un gran reto para la forma como tradicionalmente el estado colombiano ha abordado los asuntos de seguri­dad ciudadana y crimen organizado, tanto en el ámbito rural como urbano. En lo inmediato es necesario dar una respuesta rápida en materia de seguridad, que reorganice las capacidades de la fuerza pública, de modo que se garanticen condiciones de seguridad para la ciudadanía y para la entrada o fortalecimiento de las instituciones del estado en los municipios más afectados por el conflicto. Elementos fundamentales en este proceso serán estrategias específicas para la construcción de confianza, así como impulsar la participación ciudadana y el control de la corrupción. Es importante tener presente que durante los primeros meses, después de la firma de los acuerdos, aun cuando deben realizarse reajustes institu ­cionales, estos no deben implicar procesos de reforma demasiado comple­jos. No es conveniente iniciar procesos profundos de reforma a la fuerza pública cuando la prioridad inmediata es atender las brechas históricas del estado colombiano en materia de seguridad y justicia, con énfasis en las zonas rurales. A mediano plazo es innegable la necesidad de reajustar el diseño insti­tucional de la seguridad en el ámbito nacional. Es necesario que efectivam­nete se den sinergias, procesos de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, cobertura efectiva del territorio y relaciones virtuosas de las instituciones competentes en materia de seguridad y justicia. La transición definitiva de una visión de seguridad nacional, necesaria para enfrentar el conflicto interno y el narcotráfico, hacia un enfoque de seguridad ciudadana y pública, requiere una visión política transformadora que afecta una buena parte de la estructura estatal. El proceso ya empezó