Fundamentos del derecho ambiental colombiano 216 los actores sociales. Finalmente, reflexionaremos en torno a la necesidad de la coordinación y articulación entre los actores, a fin de lograr una gestión ambiental que responda a los principios en esta materia y tenga en cuenta las diferentes visiones e intereses, para así prevenir los conflictos ambientales y garantizar una gobernanza del entorno y el goce de los derechos ambientales establecidos en la Carta política. 1. A ntecedentes institucionales El Sistema Nacional Ambiental, en adelante Sina, se organizó mediante la Ley 99 de 1993; sin embargo, sus antecedentes se remontan a inicios del siglo XX con la conformación de las primeras instituciones con funciones en algu­nos de estos asuntos, entre las que encontramos el Departamento de Tierras Baldías y Bosques Nacionales del Ministerio de Obras Públicas, el Departa­mento de Tierras, Aguas e Irrigación del Ministerio de Economía Nacional, y los institutos de Fomento Forestal y de Aprovechamiento de Aguas y Fomento Eléctrico en 1946. Todos estos fundados desde una visión utilitarista de los recursos naturales(Ministerio del Medio Ambiente y CVC , 2002). Más adelante, en 1952, se creó la División de Recursos Naturales adscrita al Ministerio de Agricultura, cuyo objetivo era el desarrollo de los recursos naturales desde una perspectiva proteccionista, pues en ese entonces ya eran evidentes problemas como la erosión y el empobrecimiento de los suelos. Esta División fue pionera en la protección del recurso forestal y la regulación de su explotación, además de la definición de las primeras siete grandes zonas de reserva para la protección de suelos, aguas y vida silvestre. Asimismo, en 1959 se reconocieron siete áreas del territorio nacional como zonas de reserva forestal protectora, entre las cuales encontramos a la Sierra Nevada de Santa Marta, la Amazonia colombiana y la Serranía de la Macarena(Ministerio del Medio Ambiente y CVC , 2002). Estas iniciativas de salvaguarda ambiental en el país de mediados del siglo XX se sustentaron, por un lado, en la necesidad de contar con insti­tuciones encargadas de proteger y administrar la extracción de los recursos