una recomendación mala ni poco profunda.(...) Si aparecemos, como sectores de la sociedad civil, divididos en propuestas, va a ser mucho más difícil de influir...». 16 Debe reconocerse, asimismo, que la inexisten­cia de una auténtica« agenda social» constitu­ye una de las grandes carencias del M ERCOSUR hasta el presente, más allá de los avances al­canzados en torno a la llamada Carta Socio Laboral. La preponderancia de los elementos comerciales en la concepción e implementación del proyecto de integración sobre otros tipos de instrumentos de integración, ha dejado de lado un vasto conjunto de necesidades y aspi­raciones de las sociedades de la región. La necesidad de avanzar en su formulación y tra­tamiento puede bien constituirse entonces en un elemento articulador de los esfuerzos de los actores sociales de la región, tanto de cara a la profundización de la integración tanto de un protagonismo social ampliado. El órgano de representación de la sociedad ci­vil en el M ERCOSUR y por ende, su ámbito institucional de participación por excelencia, es el Foro Consultivo Económico Social(FCES). Con su creación por el Protocolo de Ouro Preto de diciembre de 1994 se confirmaba la necesi­dad de«oficializar» la interacción entre las es­tructuras estatales y subregionales con los sec­tores económicos y sociales. En los hechos su instalación se vió demorada hasta fines de 1997 y la gran interrogante respecto del FCES hasta la fecha es la de en qué medida puede influir efectivamente en el proceso de integración. Tal como se lo define en el Protocolo, el Foro es un órgano representativo de los sectores eco­nómicos y sociales, y es el único de la estructu­ra institucional del M ERCOSUR integrado exclusi­vamente con representantes del sector priva­do. Está integrado por igual número de miem­bros de cada Estado Parte y hasta hace poco tiempo, el mismo estaba compuesto exclusiva­mente por trabajadores y empresarios, aunque poco a poco se han ido incorporando otros sec­tores de la sociedad como los consumidores, cooperativistas, profesionales universitarios y ONGs(como en el caso de la sección urugua­ya). En realidad fueron las organizaciones sin­dicales y las cámaras empresariales de los cua­tro países quienes tomaron la iniciativa de cons­tituir el Foro a partir de lo dispuesto por el Pro­tocolo de Ouro Preto. Así comenzaron por for­mar«Secciones nacionales» del órgano, cada una con su propia conformación, no necesaria­mente igual a las otras. Definieron que cada Sección nacional designaría nueve represen­tantes al Plenario del Foro, el que, de tal forma, suma un total de 36 miembros. En cada repre­sentación nacional se respeta el principio de paridad numérica entre representantes de empleadores y trabajadores. Observado este principio, cada Sección nacional determina si incluye a otros sectores(consumidores, coope­rativas, ONGs, etc.), así como –en caso afirma­tivo– el peso de éstos en la respectiva delega­ción. La incorporación de nuevos actores so­ciales debería ampliar la representatividad del Foro más allá del ámbito de las organizaciones de empleadores y trabajadores así como influir incluso en la propia agenda de discusión del Foro. Sin embargo, ni la ampliación a otros sec­tores ha sido tan rápida ni abierta como sería de desear, ni la agenda de los temas sociales parece haber avanzado mucho más allá de las cuestiones estrictamente laborales. En cuanto a lo producido por el Foro hasta la fecha, se deben mencionar las respuestas a va­rias consultas que le realizara el GMC(entre otras la relativa a la«Declaración Socio–Laboral del M ERCOSUR ») y una serie de Recomendaciones sobre diferentes aspectos del proceso de inte­gración, como ser: política de promoción del empleo, política industrial, relaciones con la Aso­ciación Latinoamericana de Libre Comercio (ALADI), con el Area de Libre Comercio de las Américas(ALCA), protección del consumidor, barreras no tarifarias y trabas burocráticas en el Mercosur, medidas unilaterales de los gobiernos 16 Alvaro Padrón:«El Foro Consultivo Económico–Social del Mercosur», en ALOP–CEFIR–CLAEH: Seminario Participación de la sociedad civil en los procesos de integración, Montevideo, 1998, p. 252. 39