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Los retos de una nueva institucionalidad para el MERCOSUR
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que puedan afectar el comercio intrazona, las negociaciones con la Unión Europea para la crea­ción de una Asociación Interregional; la situación actual y futura del M ERCOSUR , etc. Pero, como surge de lo expuesto, el FCES apenas tiene aun pocos años de funciona­miento, sin perjuicio de lo cual su carácter meramente consultivo y los antecedentes de lo ocurrido con otros órganos similares en pro­cesos de integración como el europeo hacen temer que, por solo, este órgano resulte in­suficiente para garantizar la construcción de un sólido espacio social del M ERCOSUR y para asegurar una efectiva participación social en la integración. En otras palabras, el reconoci­miento de una«ciudadanía social» en el M ERCOSUR no estará asegurada con la sola existencia del FCES tal como hasta hoy existe en cuanto a sus potestades e integración. En ese marco, los planteos reformistas orienta­dos a una consolidación del FCES apuntan a las siguientes demandas: progresivo despla­zamiento al campo de un organismo del que emanen efectivamente iniciativas de sesgo re­gional, superadoras del concepto de mera agregación de secciones nacionales como in­tegrantes del cuerpo; exigencia de un sistema de consulta prescriptiva(aunque no vinculante) por parte del CMC al FCES en todas aquellas materias que involucren asuntos relevantes en torno a los intereses y actores vinculados con el Foro; financiamiento oficial por parte del MERCOSUR de las actividades de este, hasta el momento solventadas exclusivamente por el esfuerzo y la iniciativa de actores privados. g. Mercociudades y la aspiración de un Foro representativo de los poderes locales en el organigrama M ERCOSUR En tanto se acepte que los centros urbanos representan un sujeto político y societario for­talecido, que está expandiendo sus aspiracio­nes y también su influencia objetiva, se acep­tará probablemente que más que sumarse o unirse a los procesos de integración, lo que las ciudades pueden hacer, y con frecuencia hacen, es asumir esos procesos, tomarlos a su cargo, producirlos. 40 Ninguna de esas expresiones debe entenderse de modo excluyente. Los actores urbanos, ni separadamente ni en conjunto, asumen, toman a su cargo o producen estructuras integradoras y tejidos socioeconómicos integrados de por, desplazando a otros sujetos públicos o priva­dos, ajustándose a pautas de autosuficiencia. Pueden disputar, desde luego, competencias y facultades, así como también recursos de dis­tinta naturaleza, pero resulta inconcebible que postulen una integración de ciudades, por ciu­dades y para ciudades. Los términos asumir, tomar a cargo, producir refieren a una interven­ción independiente, en virtud de la propia ini­ciativa, influyente, responsable; en determina­do sentido, una intervención que se apropia del proceso, si bien en carácter de copropietario con otros agentes y decisores. En la medida en que profundicen en la conciencia de sus nue­vos papeles políticos y en la esfera de la socie­dad civil, los centros urbanos mirarán menos a los esquemas de integración como construc­ciones ajenas, dentro de las cuales pueden y deben pedir un lugar o buscarlo, para conside­rarlos como producciones, en buena parte, de su propia actividad. Las preguntas de las ciu­dades respecto a ellos no consistirán tanto en ¿cómo me afectan?, ¿qué relaciones debo en­tablar con ellos?, ¿qué riesgos representan para mis intereses? sino en ¿qué requiere el avance de tal o cual proceso?, ¿cómo negociar en aten­ción a él las fórmulas más aceptables?, ¿cómo evitar fracasos y maximizar logros y beneficios? La primera tarea de las urbes es, entonces, refleja, de autoesclarecimiento. Otra cosa es la institucionalización del compromiso de los centros urbanos con determinado proceso integracionista. La institucionalización reviste trascendencia, sin duda: desde que define (orientaciones y funciones), deslinda(potes­tades y cometidos) e imputa(responsabilida­des estructuradas), plantea exigencias de in­corporación conciente y sistemática pero ade­más precisa los pactos entre actores y susten­ta el juicio de los públicos y las ciudadanías sobre los desempeños de todos los decisores involucrados. Así y todo, mucho se puede ha­cer y conseguir antes de la institucionalización e inclusive cuando ella es tercamente negada