ses en desarrollo ya han liberalizado partes considerables de sus economías. Esas liberalizaciones fuera del AGCS fueron a menudo parte de los programas de ajuste estructural cuyo cumplimiento exigen el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El criterio flexible«de abajo hacia arriba» del AGCS pone ahora en situación de desventaja a los países en desarrollo(Jordan 1999). Así, a la hora de la negociación, pueden hacer pocas ofertas de liberalización a cambio de sus peticiones. En otras palabras, las políticas del FMI y el Banco Mundial han debilitado aún más la posición negociadora de los países en desarrollo. La OMC intenta resolver este problema estableciendo criterios para garantizar créditos para una liberalización autónoma. Los países pueden tratar de que sus interlocutores comerciales reconozcan en las conversaciones en curso de la Ronda de Doha sus medidas de liberalización previas. Sin embargo, las directrices que han sido acordadas son voluntarias. Por lo tanto, su aplicación se convertirá en objeto de negociaciones bilaterales(ver Pruzin 2003, WTO 2003). Dentro de los países comerciales poderosos, el secreto en el cual transcurrieron las negociaciones(ver ICFTU 2003) excluye la participación de los grupos de la sociedad civil. Mientras que los sindicatos y las organizaciones no gubernamentales han quedado al margen, los negociadores comerciales se tomaron la molestia de recibir los aportes de los grupos de presión industriales. Las presiones por la realización de un acuerdo multilateral de servicios comenzaron en los Estados Unidos, cuando las compañías que habían aunado fuerzas en la Coalición de Industrias de Servicios(CSI, en inglés), pudieron incluir los servicios en la agenda de la Ronda Uruguay. La Comisión Europea fue asesorada por la Mesa Redonda de Industriales Europeos(ERT, en inglés) y UNICE, la unión de empleadores europeos. A comienzos de 1999, el Foro Europeo de Servicios(ESF, en inglés) fue financiado con la ayuda de la Comisión de la UE con el propósito específico de renegociar el AGCS. La coherencia de las demandas generales de los representantes industriales estadounidenses y europeos del sector servicios es famosa. El Diálogo Comercial Transatlántico(TABD, Transatlantic Business Dialogue) brinda una plataforma en la que pueden coordinar directamente entre sí(ver Wesselius 2002, Fritz/Scherrer 2002a:90). La norma del AGCS de Trato de Nación Más Favorecida(NMF) promueve ese tipo de alianzas entre los proveedores extranjeros. La norma exige que los privilegios comerciales concedidos a un miembro de la OMC deben ser extendidos a todos los demás miembros. Así, una ventaja que se haya otorgado a un proveedor se convertirá en una ventaja para todos. Si un gobierno pretende revertir la comercialización no enfrentaría la oposición de tan solo un proveedor de servicios extranjero sino de todo un bloque políticamente poderoso(ver Wesselius 2002, Kwa 2003). 3.6. Falta de evaluación Un relevamiento de la literatura sobre los impactos económicos de la liberalización del comercio de servicios encomendado por la Secretaría de la Organización Mundial de Comercio dio, por un lado, un panorama muy mezclado de los impactos y, por el otro, demostró que la investigación de esos impactos todavía está en pañales(OMC 1998). En especial, los impactos sobre la economía en su conjunto son «muy difíciles de captar empíricamente»(WTO 19980:5). Por consiguiente, la mayoría de los estudios se concentran en las consecuencias de la liberalización del comercio y/o la desregulación dentro de cada sector en particular. La liberalización en el sector financiero condujo en muchos países a una caída sostenida de las ganancias de la industria bancaria. Las instituciones financieras afectadas por esto, frecuentemente reaccionaron con estrategias de inversión y préstamos de riesgo, que a su vez provocaron graves crisis financieras en las que no alcanzó con la supervisión bancaria. La crisis de los bancos de ahorro y préstamo de Estados Unidos demuestra que aún en las economías desarrolla11
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Negociaciones sobre el comercio de servicios : la posición de los sindicatos con respecto al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios
(AGCS)
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