La Federación Central del Trabajo de Alemania (Deutsche Gewerkschaftsbund – DGB), como muchas otras, desea ver un vínculo fuerte entre las normas laborales básicas y la contratación pública. Esto es de suma importancia, ya que la UE ha dado una señal clara en su oferta de que liberalizará aún más las contrataciones públicas. En ese caso, la liberalización ocurriría siempre y cuando se observe el Convenio sobre cláusu­las de trabajo(Contratos celebrados por las au­toridades públicas), el Convenio sobre la Pro­tección del Salario, y el Convenio sobre el dere­cho de sindicación y de negociación colectiva. Además, toda negociación con relación al«Modo 4»(es decir, el movimiento transfronterizo temporario de personas físicas) debería asegu­rar la protección de los trabajadores inmigrantes contra toda discriminación, tal como está esti­pulado en el Convenio sobre los trabajadores migrantes de la OIT y el Convención Internacio­nal para la Protección de los Derechos de To­dos los Trabajadores Migratorios y sus Familia­res(UNI 2001a). Con relación a la«presencia comercial»(modo 3), los sindicatos piden ga­rantías de que las compañías extranjeras ten­gan que respetar las normas laborales básicas y la protección ambiental. Con relación al«Modo 3» del AGCS sobre la «presencia comercial», los sindicatos reclaman el respeto de las disposiciones de la Declara­ción tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social y de las Di­rectrices de la OCDE para empresas multina­cionales, en las que las empresas multinacio­nales deberían tener plenamente en cuenta los objetivos de política general establecidos por los países en los cuales actúan. Sus activida­des deberían estar en armonía con las priori­dades de desarrollo y los objetivos sociales y la estructura del país en el cual actúan. Esta declaración y las directrices son un paso im­portante en la dirección correcta, pero debe­rían desembocar en una normativa jurídicamen­te obligatoria. Además, la ICFTU desea que los Acuerdos Ambientales Multilaterales(MEAs en inglés) tengan precedencia sobre las normas comer­ciales(VENRO/DGB/ATTAC, IFCTU 2001). 22 5.3.2. Fortelecer los poderes reguladores de los gobiernos La propuesta de más largo alcance ha sido rea­lizada por la campaña«Parar el ataque del AGCS ya», que cuenta con el amplio apoyo de los sindicatos. La campaña reclama la elimina­ción del Artículo VI sobre reglamentación inter­na y el Grupo de Trabajo asociado. Otras propuestas exigen que esta norma por lo menos no se aplique en el sector de interés pú­blico. Los Estados Miembros de la OMC tienen que garantizar que los gobiernos tengan la capaci­dad de promulgar reglamentaciones, legislación y otras medidas internas para salvaguardar in­tereses públicos. Educación Internacional, por ejemplo, pone énfasis en la importancia del de­recho de los gobiernos a regular la prestación de educación, tal como el contenido culturalmente apropiado de cursos y califica­ciones, la autorización de escuelas y universi­dades, y el suministro de lugares terciarios, en particular áreas disciplinarias y la cantidad de centros de enseñanza o facultades correspon­dientes en los casos en que se haya conside­rado su viabilidad. El sector de la salud es con­siderado otro ámbito vital donde debe mante­nerse y asegurarse la competencia reguladora de los gobiernos. Algunos sindicatos, como el Consejo de Sindi­catos de Nueva Zelandia, reclaman a sus go­biernos que aseguren la protección de la pro­ducción y distribución de obras culturales así como el derecho a un trato especial para gru­pos minoritarios. La contratación pública es percibida como un instrumento importante para las reglamentacio­nes estatales. Por consiguiente, varios sindica­tos rechazaron cualquier intento de integrar la contratación pública a la nueva ronda de nego­ciaciones, aunque infructuosamente, como lo demuestran las ofertas actuales de la UE. Toda discusión acerca de una mayor liberalización en este sector debe ser abierta a todos los grupos interesados, y estar vinculada a aspectos socia-