les y ambientales y a la protección de los traba­jadores empleados con contratos gubernamen­tales, incluidos los trabajadores inmigrantes. Además, debe garantizarse el derecho de las autoridades públicas a asumir políticas de ad­quisición éticas. La eliminación o debilitamiento del principio de«anclaje»(«lock–in»), que torna cualquier compromiso básicamente irreversible, es otro tema importante en la plataforma de re­forma. La modificación o retiro de los compromi­sos de apertura de los mercados debería ser manejado de manera más flexible, de forma que un gobierno pueda reaccionar en caso de efec­tos socioeconómicos graves y adversos para el país y su población. Una forma podría ser forta­leciendo la cláusula de salvaguardia de emer­gencia. La Cámara Austríaca de Trabajadores y Empleados reclama esa cláusula en caso de una tasa de desempleo elevada inminente o en caso de dumping. Esa cláusula debería incluir un sis­tema de advertencia temprana para tendencias en el empleo.(Austrian Federal Chamber of Labour/Dessewffy 1999). Todas las propuestas subrayan que la salva­guardia del poder regulatorio de los gobiernos es fundamental para los países en desarrollo. Es necesario reconocer, ampliar y habilitar los derechos especiales y diferenciados para paí­ses del Tercer Mundo en el sistema mundial de comercio(ICFTU 2003). Un aspecto importan­te será asegurar que no se ponga en riesgo el sistema de seguridad social tanto del país emi­sor como del receptor(Global Unions/ETUC/ WCL, DGB 2001). Con relación a la«presencia comercial» regu­lada como Modo 3, es necesario asegurar una disposición adecuada para los intereses de los países en desarrollo que incluya transferencia de tecnología, omitiendo las disposiciones que den a los inversionistas el derecho a impugnar acciones públicas como medidas impositivas y reglamentarias. Esas medidas deberían excluir disposiciones sobre controversias entre inversionistas y el Estado, pero incluir impues­tos a las empresas y permitir la imposición de requisitos de desempeño, en especial con re­lación a disposiciones sobre el mercado labo­ral(Global Unions/ETUC/WCL). Además, una cláusula de protección debería darle a los países en desarrollo tiempo y espa­cio para sus propias empresas nacionales an­tes de que éstas queden totalmente expuestas a la competencia de grandes compañías multi­nacionales, con una demanda fuertemente apo­yada. Es así que varias de las propuestas tras­cienden el marco de la OMC e incluyen las po­líticas del FMI y el Banco Mundial así como asistencia bilateral. Una forma importante de asegurar el poder regulatorio de los gobiernos es excluir los ser­vicios públicos del AGCS, una demanda que es ampliamente compartida. 5.3.3. Excluir los servicios públicos Una exención rigurosa de los servicios guber­namentales aseguraría, así, que la salud, la educación, la distribución de energía, el agua y otros servicios humanos básicos no queda­ran incluidos dentro del campo de aplicación del AGCS. Además, debe garantizarse el de­recho de los países a incrementar el papel del sector público en sus sectores de servicios, sin por ello tener que enfrentar una diferencia en la OMC. En«Focus Magazine», la publicación de Public Service International, Markus Krajewski presen­ta ciertas opciones para rescatar algunos si no todos los servicios públicos de la aplicación del AGCS(Krajewski 2002a). En una primera op­ción, los miembros de la OMC pueden desig­nar los regímenes regulatorios de sus servicios públicos de tal manera que esos servicios no sean suministrados sobre bases comerciales ni en competencia con uno o más proveedo­res. Para instituir ese tipo de régimen habría que suspender todos los intentos actuales de comercializar y mercantilizar los servicios pú­blicos. A la luz de las reformas estatales en marcha, ya descritas en este documento, no es muy probable que una estrategia de ese tipo prospere. Una segunda solución podría ser la inclusión de limitaciones en las Listas, lo que es posible a través de la característica«de abajo hacia arriba». Muchos gobiernos adhieren a 23