Yo participo, tú participas, otros deciden: la participación ambiental en Colombia 98 Las disposiciones anteriores son algunas de las contenidas en el Acuer­do de Escazú. Además de ellas, este instrumento internacional también hace hincapié en la importancia de incluir a todos los sectores de la sociedad civil, entre ellos, los grupos en situación de vulnerabilidad, como los pueblos indí­genas y demás grupos étnicos, así como también a las comunidades locales. E l derecho a la participación ambiental en la normativa nacional Al tener en cuenta los precedentes planteados en la primera parte de este tex­to, es importante señalar que, desde antes de la expedición de la Constitución política de Colombia en 1991, en nuestro país ya se hablaba de participación ambiental. Unos acercamientos a este asunto se tuvieron con la reforma de la Carta política de 1886 realizada por medio de la ley 19 de 1958, que creó las Juntas de Acción Comunal( JAC ), estableciéndose como organizaciones civiles para la participación ciudadana en el manejo de sus comunidades y como medio interlocutorio con el municipio, el departamento y el gobierno nacional(Ro­dríguez y Muñoz, 2009). Posteriormente, considerando el panorama internacional en relación con lo ambiental –particularmente la Declaración de Estocolmo de 1972–, se expi­dió la ley 23 de 1973, que consagró que el ambiente es un patrimonio común y, como tal, es deber de todos los ciudadanos y del Estado velar por su mejo­ramiento y conservación a partir de actividades de utilidad pública. Debido a ello, se propuso la creación de sistemas técnicos de evaluación por parte del gobierno nacional, para garantizar así la participación de los usuarios de los recursos naturales. Esto fue recogido más adelante en el Código nacional de recursos natura­les renovables y de protección al medio ambiente(decreto ley 2811 de 1974), que consagra que el ambiente es un patrimonio común y es deber del Estado y los particulares participar en su preservación y manejo por ser de utilidad