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Yo participo, tú participas, otros deciden : la participación ambiental en Colombia
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Derecho de acceso a la información 167 6. Racionalidad de las inversiones: la información ambiental debe ser manejada con criterios de eficiencia, en el sentido que garantice la ra­cionalidad de las inversiones, máximo retorno a la sociedad y la no duplicación de esfuerzos. 7. Rigor subsidiario: las normas y medidas de gestión de la información ambiental expedidas por las autoridades en los ámbitos regional, de­partamental, distrital o municipal podrán ser más rigurosas, pero no más flexibles. C onsagración constitucional y legal del derecho al acceso a la información ambiental Como lo hemos visto en el desarrollo de este texto, la Constitución política de Colombia de 1991 se ha caracterizado por contener múltiples disposiciones relativas al ambiente, así como avances significativos respecto a la protección de derechos colectivos y del entorno, lo cual ha llevado a que se le denomine como la Constitución ecológica, por el número de artículos consagrados que buscan dar satisfacción al derecho de la vida digna y a las necesidades bási­cas en el marco del modelo de Estado social de derecho. En este contexto, la Carta política garantiza en el artículo 74 el derecho de todas las personas a tener la libertad de informar y de recibir información, esto es, acceder a los documentos públicos, salvo en los casos en los que la ley establezca lo contrario. Lo mismo hace el artículo 23, al decir que todas las personas tienen el derecho de petición, según el cual todos los ciudadanos pueden presentar peticiones respetuosas a las autoridades por asuntos de in­terés general o particular y a recibir respuesta pronta sobre las mismas. Este derecho permite la materialización del derecho de acceso a la información, en el sentido que, por medio del mismo es posible solicitar información de todo tipo, incluida la ambiental. De acuerdo con Lora, Muñoz y Rodríguez(2008), la importancia de su reconocimiento como derecho fundamental ha permi­tido su protección por medio de las acciones judiciales para su defensa, que pueden ser la acción de tutela o de recursos como el de insistencia.