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Yo participo, tú participas, otros deciden : la participación ambiental en Colombia
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Retos y perspectivas de la participación ciudadana. Camino hacia una gobernanza ambiental 307 dirigir y atender todos los asuntos de una Nación, incluyendo así, espacios, procesos, relaciones e instituciones que permitan el ejercicio constitucional de la participación ciudadana, resaltando que la misma busca una articulación horizontal entre los derechos y las obligaciones de las personas y el Estado. Sin duda, la articulación sectorial es uno de los retos que cualquier adminis­tración debe trazarse si desea cumplir con los mandatos constitucionales que la misma Carta política establece dentro de su cuerpo normativo, en los que no es posible soslayar la creación y ejecución de las políticas públicas ambien­tales inclusivas que deben gozar de la debida publicidad y la participación de todos los involucrados(Rodríguez, Gómez-Rey e Ibáñez-Elam, 2019). L a participación como elemento fundamental de la gobernanza ambiental Puede inferirse que en la gobernanza ambiental el derecho a la incidencia social es elemento fundante. Según la Corte Constitucional, la participación se traduce en la facultad que tienen los ciudadanos de escuchar y conocer las propuestas de las entidades estatales que les puedan afectar de alguna forma, e intervenir, informarse y comunicar sus intereses frente a ellas. La partici­pación no se reduce a que la autoridad competente organice reuniones de información, de concertación o audiencias, sino que en coordinación con la comunidad garantice su incidencia y asuma la protección de las personas en situación de vulnerabilidad que van a ser afectadas negativamente por las de­cisiones administrativas municipales(Corte Constitucional, T-660 de 2015). Por ello, la participación demanda de instrumentos, mecanismos y espa­cios que garanticen la efectividad de los derechos individuales y colectivos, así como la armonización de los intereses de todos los actores en relación con el entorno y los recursos naturales, por medio de políticas públicas inclusivas, diferenciales y pluralistas que promuevan la conservación, el acceso a la infor­mación y el desarrollo en los ámbitos social, cultural, económico y ambiental. Adicionalmente, se debe tener en cuenta lo imperativo que es la par­ticipación en la solución de conflictos ambientales, mediante mecanismos