338 | Reto de construir paz en medio de un desarrollo económico que profundiza la exclusión social aún mayor en la medida en que los organismos de control locales y nacio­nales no toman los correctivos necesarios, perdiendo credibilidad frente a la comunidad y, peor aún, frente a los funcionarios que deben rendir cuentas. Desarrollo a costa de la violación de los derechos humanos Es pertinente dar una mirada ahora a las paradojas existentes entre los niveles de desarrollo que proporciona el puerto de Buenaventura para la economía colombiana, y la situación de vulneración de los derechos de sus habitantes, agravada por el conflicto armado que acecha a la población. Entendiendo que la violencia ha sido un instrumento de despojo para la implementación de proyectos económicos, como los citados en el anterior aparte, que favorecen intereses privados a costa de la violación de derechos humanos. A pesar de su importancia geoestratégica, Buenaventura no cuenta con la suficiente presencia estatal dirigida a garantizar el acceso a lo público. Por el contrario, la intervención estatal se circunscribe a la protección de los intere­ses privados. Esto lo convierte en un escenario atractivo para las economías legales e ilegales. Y mientras el puerto crece y el gobierno quiere convertir a Buenaventura en la punta de lanza de una economía moderna y competitiva, la ciudad se ha ido degradando y sus condiciones de vida son una vergüenza, convirtiéndose en un eslabón más de una estrategia para echar a los habitantes, para hacer que la gente abandone el territorio; los terrenos que con tanto esfuerzo ganaron al mar(Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans à Colombia, s. f.[2015]: 11). Lo cual se constata en las estadísticas, que demuestran el nivel de vulne­rabilidad en el que nos encontramos los y las bonaverenses: En una ciudad que roza los 400.000 habitantes entre 1990 y 2014 ha habido 5.047 asesinatos; 548 desapariciones forzosas computadas por Fiscalía, cifra que según las comunidades está muy por debajo de la realidad; 152.837 personas fueron víctimas del desplazamiento forzado; se contabilizaron 26 masacres con 201 per­sonas asesinadas, las mujeres han sido especialmente afectadas tanto por la vio-