Druckschrift 
Imaginar el futuro : ciudadanía y democracia en la cultura política dominicana
Einzelbild herunterladen
 

ENCUESTA DE CULTURA POLÍTICA A N Á L I S I S D E R E S U L T A D O S 131 5. Conclusión: derechos efectivos y comunidad política El propósito de este capítulo ha sido analizar qué lugar ocupan las identidades diversas en el ima­ginario político de la democracia dominicana. Los resultados indican que la tendencia sigue siendo hacia la exclusión. Si bien la homosexualidad en República Dominicana no es un crimen y más del 90% de las personas recha­za los actos de violencia contra la comunidad LGBT, los resultados reflejan que aún queda un largo camino por recorrer en el espaciopolítico. Casi la totalidad de la población se opone al reconocimiento de los de­rechos al matrimonio, la adopción de hijos y la expre­sión de la identidad. El índice de homofobia se concentra en valores inter­medios, lo que indica un anclaje de la retórica de los derechos humanos en lo relativo al rechazo a la vio­lencia. Sin embargo, el rechazo a la violencia y la dis­criminación contra la comunidad LGBT, y el reconoci­miento hasta cierto punto del derecho a organizarse y a expresar la identidad, se da junto a la oposición a que ocupen cargos públicos y con más vehemencia al matrimonio y la adopción de niños. Obviamente esto no es más que la expresión de la ambivalencia del imaginario político dominicano. La narrativa hegemónica del PLD concibe la demo­cracia en un debate vacío de contenido político y se mueve entre el reconocimiento abstracto delos de­rechos y negación en lo concreto. Así, se proclama la igualdad de todos ante la ley y el principio de no discriminación, pero se rechaza el reconocimiento legal de las familias no heterosexuales, el matrimo­nio igualitario, etc. En la República Dominicana el vínculo ciudadano se encuentra atado a un moralismo conservador. Los de­rechos ciudadanos están subordinados en su recono­cimiento a que quien los reclama se conforme a cier­tas reglas morales, inspiradas en la moral cristiana. El predominio de una visión de la democracia como le­galidad y de la ciudadanía como sumisa, contribuye a fortalecer ese moralismo porque es considerado parte del orden establecido. El resultado remite a la negación del derecho a la di­versidad y a las diferentes formas de individualidad, lo que convierte en un desafío y una tarea democráti­ca de primer orden la ciudadanización de la comuni­dad LGTB. Las personas más jóvenes son más propensas a acep­tar la diversidad y apoyar los derechos negados a la comunidad LGBT. Asimismo, la simpatía política juega un rol dado que la gente tiende a defender las posi­ciones de sus líderes. La inseguridad económica y la religión juegan un papel negativo, al ser factores que contribuyen a actitudes más homofóbicas. Las religiones tienen efectos en las actitudes abierta­mente homofóbicas que se ven reforzadas a partir de los nexos entre las iglesias y el Estado. La conquista de derechos sociales y económicos po­dría contribuir en el largo plazo a una actitud más pluralista al remover el factor de la inseguridad eco­nómica y el sentido de fracaso que ello genera. La reducción de la democracia solo al cumplimiento de la ley no contribuye a enfrentar las actitudes auto­ritarias e intolerantes en la sociedad dominicana. Por el contrario, las fortalece, en la medida en que existe la idea de que la ley está siempre amenazada y se ne­cesita una figura fuerte para imponerla. En cambio, la construcción de una ciudadanía con­testataria, que somete al poder a su propia vigilancia descentralizada(contrademocracia en términos de Rosanvallon) permite concebir el poder democrático en términos más pluralistas. En este sentido, la lucha por el respeto a la diversidad y los derechos de la co­munidad LGBT se enmarca en la construcción de la comunidad política, es decir la ciudadanía. La garantía de los derechos de las minorías sexuales depende de que sean planteados como parte de una propuesta política para reconfigurar la ciudadanía dominicana. De lo que se trata es de un proyecto po­lítico que plantee otra forma de concebir y organi­zar la comunidad política en su conjunto. Es decir, debe ser un proyecto político para la democracia en el siglo 21.