características de su población reclusa, de su personal y de la idiosincrasia colectiva, es decir, se daría respuestas más precisas ante las especificidades locales; multiplicaría la capacidad técnica en torno al tema; propiciaría una mayor participación de la comunidad en la solución de los problemas, todo ello sin hablar del impacto positivo que tendría en el trabajo del Juez de Ejecución. Del modelo centralizado de la gestión penitenciaria no se puede esperar otra cosa que los consabidos y perennes males que la aquejan: ineficiencia, corrupción y clientelismo. El fracaso de los planes establecidos por el MIJ, se debe, entre otros factores, a la alta rotación de los ministros y de los funcionarios encargados de la materia penitenciaria, lo cual genera problemas de gobernabilidad de las prisiones y supone dificultades para garantizar la continuidad de políticas y planes. En efecto, en 1999 y 2009 han transitado en el Despacho del Interior y Justicia diez ministros, cuyo cambio acarrea mudanzas en todo tren ministerial. Asimismo, conspiraría contra el éxito de las políticas y planes la falta de especialización de los altos funcionarios del Ministerio, en cuanto a materia penitenciaria se refiere. Los nombramientos, en ésta como en todas las décadas anteriores, tienen cariz político y en estos diez años se observa una tendencia a la militarización del Despacho. De los diez ministros, cuatro provenían del estamento militar, así como varios de los viceministros de Seguridad Ciudadana y directores de Custodia y Rehabilitación. Propuestas Evidentemente, la superación tanto de la violencia carcelaria como de la violación de los derechos humanos de los reclusos exige ampliar y mejorar la infraestructura; aumentar y capacitar al personal penitenciario, a fin de que estos asuman plenamente sus responsabilidades en la conducción y control de los establecimientos; disminuir el hacinamiento; contrarrestar el ocio y controlar el tráfico de armas y drogas. Resumiendo, superar las causas inmediatas del problema. No obstante, ello requiere soluciones de fondo que serían: sincerar el doble discurso que el Estado mantiene respecto a la prisión y los presos, pues de cara al público se dice creer en su rehabilitación y se hacen propósitos de crear condiciones para lograrlo, pero en privado se considera un desperdicio la inversión que se hace para mantenerlos; superar la falta de visión sistémica, concretando la coordinación de las entidades gubernamentales cuya actuación tiene impacto sobre el sistema penitenciario; descentralizar el sistema, de acuerdo a lo establecido en el artículo 272 de la CRBV y desburocratizar el MIJ; exigir del juez de ejecución el ejercicio de sus competencias de garante de los derechos humanos de los reclusos, para lo cual hay que contar con la comprensión y cooperación del gobierno del poder judicial y tomar en cuenta la subcultura carcelaria, al momento de diseñar políticas, planes y programas. 8