comercialización y adquisición de municiones, la fijación de un tope anual y supeditar el expendio a la posesión de un permiso vigente de porte o tenencia podría restringir significativamente la disponibilidad indiscriminada de municiones por vía de suministro legal, que hasta el momento opera sin supervisión y ha permitido aprovisionamiento en diversas sedes geográficas de expendio autorizado de munición por parte de CAVIM. En cuanto al programa de desarme voluntario, que propugna canje de armamento por incentivos, se enfrenta el problema del valor de cambio de las armas de fuego en el mercado negro, que evidentemente supera las posibilidades realistas de un intercambio sustentable con base en incentivos económicos. Hacia una política de control de armas: el rol de la sociedad civil La investigación adelantada en Venezuela sobre las armas de fuego y la victimización muestra algunas constantes relevantes para la definición de una política pública de control y minimización de sus efectos. La variable independiente que guarda mayor estabilidad y fortaleza en relación con el uso del arma de fuego es el género. Conforme con lo que reiteradamente ha establecido la literatura criminológica, las mujeres resultan consistentemente menos involucradas en episodios con uso de armas de fuego, bien como víctimas o bien como victimarias, por lo cual el blanco de las campañas de desarme debe ser, fundamentalmente, la población masculina. En cuanto a la edad, si bien los hechos que comprometen la vida y la integridad parecen afectar mayormente a los jóvenes, para otros delitos la victimización por armas de fuego afecta proporcionalmente más a grupos de mayor edad. Estos resultados son importantes al momento de diseñar una campaña de protección frente a las armas de fuego, pues en contra de lo que generalmente se supone, no es la condición juvenil la única o determinante variable a ser evaluada a los efectos de minimizar los riesgos de la victimización. Los resultados indican que no existe una victimización por arma de fuego centrada unívocamente en los sectores más pobres de la población, como ha sido sugerido por algunos ensayistas, dado que en estos estudios, las personas de mayor pobreza resultan, proporcionalmente, menos expuestos a ser víctimas del uso del arma de fuego. Las armas de fuego se utilizan, consistentemente con mayor frecuencia, contra desconocidos, y ello sugiere que su utilización procede como una forma de allanar el camino, reducir la incertidumbre en el encuentro y potenciar la obtención del resultado delictivo cuando se cuenta con menos posibilidades de manipular una situación conforme al conocimiento de la víctima. También las encuestas indican que la probabilidad de disparar y la lesividad física están asociadas a la resistencia de las víctimas y al incremento del número de victimarios. Ello indicaría que las iniciativas centradas en el control y minimización de riesgos en torno a personas estrechamente relacionadas podría ser un esfuerzo desorientado. Por otro lado, es manifiesta la percepción de riesgo que implica entre la población el porte de armas en sitios públicos, aun por parte de quienes declaran conocer mejor su manejo, y el hecho de que entre 18% y 29% de los residentes de parroquias caraqueñas y del Estado Táchira hayan admitido la existencia de heridas por balas perdidas en los sitios donde viven indica percepciones reales de inseguridad y un ámbito propicio para el soporte comunitario en el control de las armas de fuego. 5